Hillary Clinton intentará que servicios como Uber no sean el centro de la economía estadounidense, o al menos, así lo ha proclamado durante su conferencia en el Consejo Nacional de La Raza, encuentro anual que se celebra en Kansas City.
Por un lado, la candidata demócrata considera que este tipo de negocios “está creando oportunidades emocionantes que incentivan la innovacion” pero por otro, "no favorecen las condiciones laborales de los empleados de estas empresas".
Las críticas de Clinton llegan después de numerosas demandas en contra de estas compañías tecnológcas que conectan a las personas con los trabajadores que prestan sus servicios. La controversia reside en la responsabilidad que la marca adquiera para con sus empleados, aunque en la mayoría de los casos son contratistas que trabajan bajo el paraguas de estas firmas.
La ex secretaria de Estado no ha citado los nombres de las compañías. Pero sus palabras dejan claro que se ha comprometido a terminar con las injusticias, que según su opinión, negocios como Uber o Airbnb están cometiendo. Por ello, ha presentado una batería de medidas que pondrá en marcha si consigue ganar las elecciones en noviembre de 2016.
Clinton ha afirmado que muchos particulares están ganando dinero por alquilar habitaciones o conducir sus propios coches pero que no hay que olvidar el flaco favor que esto hace a los verdaderos profesionales del sector, así como a los propios particulares, que obtienen empleos temporales sin un futuro sólido al no ser empleados fijos de estas empresas.
Además Hillary ha pedido que los informes económicos se realicen cada tres meses y no cada seis meses o cada año como se hace actualmente.
Los obstáculos de Uber y otras empresas de sharing economy
Uber es una compañía de las más populares de sharing economy. Su negocio se ha expandido a 57 países y su valor estimado se ha disparado a más de 40.000 millones de dólares. Sin embargo, ha generado controversia u oposición a su modelo de negocio en todo el mundo.
Por ejemplo en Francia Uber se enfrentó a las protestas, a veces violentas, de los taxistas y las autoridades locales lo denunció como un servicio ilegal. Y de hecho en España, Uber tuvo que dejar de prestar sus servicios precisamente por la legislación vigente.
