La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un total acumulado de 6,3 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentran Deloitte, PriceWaterHouseCoopers, KPMG o Indra, y a varios de sus responsables por  infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.

Tras diversas inspecciones, la CNMC ha determinado que dichas empresas se encontraban distribuidas en dos redes de colaboración (norte y nacional) y que constituyeron dos cárteles diferenciados a través de los cuales han llevado a cabo manipulaciones de licitaciones públicas durante al menos 10 años. En este sentido, la Comisión ha acreditado que ente los años 2008 y 2018 -ha analizado 200 contratos públicos de este periodo- algunas de las principales compañías consultoras que operan en España “intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones Públicas”.

En consecuencia, ha impuesto multas por un total de 5,87 millones de euros a las 22 empresas y por valor de 439.000 euros a varios directivos de estas organizaciones por su involucración en los cárteles. Asimismo, ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas compañías no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas. Entre las firmas, Deloitte es la que abonará la sanción más elevada (3,99 millones de euros), seguida de PriceWaterHouseCoopers (670.000 euros) e Idom Consulting (640.000 euros).

El expediente tiene su origen en una investigación preliminar realizada por la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras una serie de inspecciones, remitió el asunto a la CNMC, al superar los hechos encontrados el ámbito autonómico. En octubre de 2018, la Comisión llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambio de información. Más adelante, en 2019 se abrió un expediente sancionador contra 25 consultoras y 8 de sus directivos que, en agosto de ese mismo año, amplió a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables por posible participación en la manipulación y reparto de licitaciones públicas.

Tal y como explica la CNMC las relaciones de confianza, tanto profesionales como personales, de algunos de estos directivos han facilitado el funcionamiento de estas redes. En su modus operandi, se solicitaban asistencia y colaboración recíproca para manipular los contratos públicos lanzados. Según detalla la Comisión, “bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”.

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La actuación se basaba en las conocidas “ofertas de cobertura”, de tal forma que una de las consultoras invitadas a participar en el concurso contactaba con otras empresas de su cártel y les solicitaba la presentación de una oferta perdedora o que declinaran la participación en el proceso. En algunas ocasiones, era la propia consultora que pedía la cobertura la que se encargaba de elaborar la propuesta de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia.

Tal y como concluye la CNMC, con este sistema se elevó el precio que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. Por tanto, se trata de conductas que afecta al erario público al ser licitaciones sufragadas a través de los presupuestos.

Entre las administraciones afectadas (101 licitaciones) por la red norte se encuentran los Ayuntamientos de Bilbao, Santander o Vitoria; departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria, la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya. Por su parte, entra las afectadas por el cártel nacional (72 licitaciones) destacan los ministerios de Hacienda, Trabajo o Economía, la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y de Cataluña, las Juntas de Extremadura y Andalucía o los Gobiernos de Canarias y Baleares.

La CNMC remitirá su resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y recuerda que no cabe recurso alguno contra esta por vía administrativa, aunque las entidades y los directivos sancionados pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.