Desde comienzos de este mes de abril las empresas belgas que cuenten con al menos 20 empleados deben tener acuerdos sobre el "derecho a la desconexión" de su personal, tal y como estipuló el gobierno nacional en el Acuerdo Laboral a finales del año pasado. Es decir, desde hace unos días las compañías belgas han de incluir medidas para la desconexión en sus convenios colectivos de empresa o en sus reglamentos laborales. 

Tal y como recoge The Brussels Times, la iniciativa forma parte de una serie de medidas aprobadas para garantizar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, como la posibilidad de acogerse a la semana laboral de cuatro días, la capacitación adicional para los empleados, mejor protección para los trabajadores u horarios de trabajo nocturno más flexibles para el comercio electrónico.

El acuerdo alcanzado por el gobierno ha implicado cambios en las disposiciones de la Ley de Crecimiento Económico y Cohesión Social existente del 26 de marzo de 2018. Inicialmente, la implantación del derecho a desconectar se fijó para hacerse efectiva a partir del 1 de enero de 2023, pero el plazo de adaptación se amplió posteriormente tres meses más, hasta el 1 de abril de este año. 

El objetivo de la medida es regular el tiempo de descanso de los empleados fuera del horario laboral y limitar los momentos en los que la empresa o el empleador puede contactar con el trabajador. En este sentido, se ha buscado que los acuerdos traten de establecer objetivamente cuando la empresa puede contactar con un empleado fuera de sus horas de trabajo. La política, no obstante, no afecta de momento a trabajadores autónomos o prestadores de servicios con menos de 20 empleados. 

Según la firma legal internacional Loyens & Loeff, dichos acuerdos empresariales deben incluir una descripción general de las modalidades prácticas para la aplicación del derecho a no estar disponible fuera de las horas de trabajo, así como directrices para el uso de herramientas digitales de tal manera que se salvaguarden los períodos de descanso y las vacaciones. También deben contar con campañas de formación y sensibilización de los empleados sobre el uso consciente de las herramientas digitales y los riesgos asociados al exceso de conexión. 

El Acuerdo Laboral no especifica disposiciones para hacer realidad estas medidas en los convenios, pero desde la firma mencionada sugieren acciones como establecer respuestas automáticas "fuera de la oficina" para el correo electrónico; la posibilidad de ajustar la configuración de accesibilidad y desactivar las notificaciones en teléfonos y ordenadores; o elaborar una guía genérica sobre cómo hacer uso de las herramientas digitales y organizar sesiones de formación sobre el uso razonable y equilibrado de las mismas. 

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No obstante, la regulación no incluye una sanción explícita para aquellas empresas que no incluyan las medidas en sus acuerdos empresariales. Pero si la política forma parte de un convenio colectivo sectorial y la compañía no cumple con las disposiciones, deberá hacer frente a una sanción acorde a lo estipulado en el Código Penal Social. 

La aplicación del derecho a la desconexión en las empresas privadas es una extensión de la medida que comenzó a implementarse entre los funcionarios públicos federales desde el pasado 1 de febrero de 2022 y que ya ha beneficiado a 65.000 empleados públicos. 

En nuestro país se contempla el derecho a la desconexión digital, que se recoge principalmente en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos digitales). En él se establece que “los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar”.