Aunque la desescalada después del confinamiento ya está en marcha y cada vez son más los negocios que pueden volver a abrir paulatinamente sus tiendas físicas, el Estado de Alarma ha generado un problema en cuanto a los alquileres para muchos negocios.
Al no haber podido abrir, y sin un canal de venta online lo suficientemente desarrollado o capaz de suplir al 100% los ingresos que se dejaron de percibir del offline, una serie de empresas del comercio minorista en España piden al Gobierno la suspensión de estos alquileres.
En concreto son 103 grandes cadenas españolas las que han organizado una iniciativa común para exigir al Gobierno que legisle y permita negociar en condiciones de igualdad frente a sus arrendadores.
Entre los firmantes figuran marcas como Cortefiel, Mango, Adolfo Domínguez, Desigual, Bimba y Lola, El Ganso, Purificación García, New Balance, Calzedonia, General Óptica, Soloptical, Pimkie o Brasayleña.
Según han anunciado en un comunicado, todas ellas van a registrar esta semana una iniciativa dirigida a todos los grupos parlamentarios para que favorezcan acuerdos entre propietarios y arrendatarios que eviten el cierre masivo de establecimientos comerciales. El Director General de Flying Tiger, Diego Anderiz, la ha compartido en su perfil de LinkedIn.
Las 103 marcas que firman la iniciativa piden poder contar con la opción de dejar sin efecto sus actuales contratos argumentando que, en la mayoría de los casos, los grandes arrendadores cuentan con cláusulas de indemnización y plazos de obligado cumplimiento que resultan imposibles de salvar en la actual situación de Estado de Alarma.
Hasta ahora, el Gobierno ha optado por dejar las nuevas condiciones de los alquileres en manos de la negociación bilateral entre arrendador y arrendatario. Esto, según los firmantes, ha impedido a las marcas alcanzar acuerdos para evitar cierres de tiendas y, en algunos casos, de empresas.
"Queremos que la Administración favorezca la negociación entre arrendadores y arrendatarios, permitiéndose al arrendatario resolver todos los contratos de arrendamiento anteriores al 14 de marzo de 2020, para poder negociar en igualdad de condiciones con nuestros arrendadores", señala el escrito.
Esta iniciativa también incluye la solicitud de creación de una nueva legislación específica para los arrendamientos comerciales, que contemple la realidad del sector de los alquileres comerciales (centros comerciales, franquicias, parques de medianas, grandes almacenes, comercio online...).
La propuesta también considera imprescindible la elaboración de una Ley de Arrendamientos Comerciales como marco jurídico actualizado en materia de explotación de suelo comercial. A día de hoy, los alquileres comerciales se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, pensada sobre todo para el alquiler de viviendas a particulares, y elaborada, aunque reformada posteriormente, con origen en el año 1964.
