El Congreso de los Diputados aprobó en la sesión celebrada el jueves 30 de junio el dictamen sobre el Proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, que contempla el establecimiento de una nueva figura jurídica, la de las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC). En este sentido, el nuevo marco legal reconocerá las empresas con propósito en nuestro país, es decir, aquellas que generan un beneficio social y ambiental, así como un retorno económico. 

Las empresas que cuenten con este reconocimiento jurídico serán aquellas que en sus estatutos recojan el triple objetivo de generar valor económico, social y ambiental, y asumen principios de buen gobierno corporativo orientados al interés tanto de accionistas, como de otros grupos de interés como trabajadores, las comunidades locales o el propio medio ambiente. Además, tendrán que demostrar de manera transparente su desempeño en los tres aspectos citados. Esto ha de llevarse a cabo mediante una auditoría que debe realizar una empresa independiente y cuyos parámetros de medición se ajusten a los exigidos internacionalmente.

El principal objetivo de la medida es incentivar y acelerar la creación y crecimiento de este tipo de compañías para alinear el tejido empresarial español con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas; así como equipararse con los marcos jurídicos de mercados de nuestro entorno, como Francia e Italia. El país galo cuenta desde 2019 con esta figura, conocida como enterprise à mission, que se distingue por contar con un organismo dentro de la empresa para la supervisión de la ejecución de los propósitos y un organismo externo que verifica la ejecución de los objetivos. Por su parte, Italia incluyó este tipo de sociedad en marzo  de 2016, denominada societá benefit. 

Detrás de la consecución de este reconocimiento legal se encuentra la iniciativa “Empresas con propósito”, impulsada y coordinada por la organización sin ánimo de lucro B Lab Spain. Tras impulsar una petición en la plataforma Change.org para la inclusión de las SBIC, el pasado 21 de junio presentaron al Congreso su petición contando con el apoyo de  juventudes políticas y líderes de opinión de la sociedad civil, así como la recogida de más de 30.000 firmas, el respaldo de 400 organizaciones y 50 personalidades, entre los que se encuentran economistas, docentes, empresarios, líderes políticos o profesionales de la comunicación. 

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Desde hace tiempo reclama el giro en el modelo social y productivo capaz de responder a los grandes desafío económicos, sociales y ambientales. “Desde 2015, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece un horizonte de transformación común a todas las economías que no podemos dejar escapar. Nuestro reto-país pasa por integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un modelo productivo que, necesariamente, tiene que ser más respetuoso con las personas y con el planeta”, detallan en su manifiesto. 

En este sentido, aplauden la aprobación del Congreso. “Con la creación de esta figura legal, España avanza para situarse a la vanguardia en la promoción de la economía de impacto, tanto por el impulso del sector empresarial con propósito que supone su reconocimiento legal; como por los estímulos que puede generar el propio estado, principalmente desde el ámbito de la financiación y la compra pública”, han indicado en un comunicado.

“Hasta ahora teníamos una regulación sobre finanzas sostenibles y un sector de inversión de impacto que necesitaban canalizar esta inversión hacia empresas con impacto", ha señalado Pablo Sánchez, Director Ejecutivo de B Lab Spain. Tal y como ha apuntado, en 2021, la inversión de impacto en España movilizó 2.400 millones de euros, con un crecimiento del 12% respecto a 2020. De estos 2.400 millones, casi un 20% corresponde a capital privado. 

"La aparición de nuevas gestoras de inversión de impacto y nuevos fondos en las gestoras existentes explica este crecimiento”, ha añadido, reflejan el punto de vista de la organización, que considera que disponer de esta nueva figura  permitirá que estas gestoras puedan identificar más fácilmente empresas en las que canalizar su inversión, ya que tanto el inversor como la empresa estarán alineados en sus propósitos. 

Según ha apuntado Sánchez a El Mundo, la nueva figura jurídica no aportará beneficios fiscales a las compañías, ya que "han de ser los diferentes actores del entorno los que premien a las empresas". No obstante, desde B Lab Spain consideran interesante que se tenga en cuenta la certificación a la hora de enfrentar procedimiento de arbitraje, por ejemplo, en materia de financiación pública. 

Tras la aprobación en el Congreso, el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno pudiendo aprobarse el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto.  Si no se modifica el texto que envíe el Congreso, una vez aprobado por el Senado será publicado en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor en los plazos previstos por la propia ley.