La Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (FEDE) ha presentado, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un escrito que busca impugnar el concurso convocado el 1 de julio pasado por AENA, la empresa encargada de gestionar los aeropuertos españoles.

Según la FEDE, federación integrada por La FEDE-Agencias de España, el concurso, establecido por una cuantía máxima de 8,85 millones de euros, restringe innecesariamente la competencia.

El primer argumento de la organización señala como contradictorio el hecho de que un presupuesto de esa cuantía no se reparta en bloques, contradiciendo la doctrina española y europea, sobre todo, cuando es la propia convocatoria la que realiza una división de servicios que habría permitido la determinación de esos bloques.

Por otra parte, la FEDE establece que las condiciones de las garantías económicas son “a todas luces desproporcionadas”, ya que se establece la necesidad de una garantía provisional de 219.645,09 €, equivalente al 3% del contrato, y la garantía definitiva del 5% del importe ofertado por el licitador.

Lo que plantea la Federación es que esta condición supone la exclusión “casi segura” de la mayor parte de los operadores económicos del sector, ya que cumplir con ese tamaño de expediente de contratación sin la posibilidad de acudir a lotes separados obliga a los operadores medianos y pequeños a abstener de licitar.

Por último, el escrito añade la solvencia económica y financiera que exige el concurso, que requiere a las empresas concursantes contar con recursos propios mínimos de casi medio millón de euros, además de demostrar una facturación de 5,2 millones de euros, en la que una de las campañas facturadas sea de, al menos, dos millones de euros con un mix de medios integrado por televisión, radio, medios gráficos e internet, como mínimo.

El comunicado de la FEDE destaca el rol de la organización como vigilante de este tipo de prácticas que afectan, principalmente, a las empresas de capital nacional, así como ocurre en las convocatorias de concursos de medios, en los que solo pueden participar los medios de comunicación, excluyendo sin justificación a las agencia de medios.