El Consejo de ministros ha aprobado este martes 2 de junio el anteproyecto de Ley de residuos que planea, entre otras cuestiones, establecer un impuesto para los envases de plástico de un solo uso.

Dicho impuesto tendrá carácter indirecto y lo deberán abonar los fabricantes o importadores con una tasa de 0,45€ por kilo de plástico.
Con esta medida, el ministerio de Transición Ecológica calcula recaudar aproximadamente 724 millones de euros al año. La Vicepresidenta de esta cartera, Teresa Ribera, ha explicado que no es la primera vez que aparece la necesidad de este impuesto y que la medida se ha propuesto también en la Unión Europea para los presupuestos comunitarios. Asimismo, ha señalado que la fiscalidad ambiental española (1,8% del PIB) dista mucho del 2,4% de media de la OCDE.

La normativa tiene todavía varios meses por delante de recorrido hasta llegar a las Cortes y pasar los correspondientes trámites parlamentarios, pero el Ejecutivo espera que la Ley forme parte del BOE a finales de este año o en el primer trimestre de 2021, como muy tarde.

La propuesta busca reducir la generación de residuos, por lo que entre las distintas directrices destaca la obligación de bares y restaurantes de ofrecer agua del grifo además de la embotellada. También se establece la prohibición de vender utensilios de plástico de un solo uso, como bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos a partir del 3 de julio del año que viene. A partir del 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita y deberá cobrarse un precio aparte por cada producto de plástico que se entregue a los clientes.

Para dichos productos se plantea una reducción del 50% en su comercialización en 2026 y del 70% en 2030, con respecto al año de referencia fijado en 2022. Para alcanzar estas metas todos los agentes implicados en la comercialización fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otros materiales no plásticos.

Objetivo: reducir el desperdicio

El anteproyecto de ley pretende recortar en un 15% la cantidad de desechos que genera la economía española respecto a los niveles de 2010 para el año 2030. Esto supondría eliminar 20 millones de toneladas de residuos sobre los 137 millones de referencia. Asimismo, se busca que el 60% de los desperdicios municipales sean reciclados de alguna manera para que no terminen en vertederos o incineradoras.

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Y es que España apenas recicla un 37% de todos los materiales utilizados, lo que implica un enorme desperdicio de recursos. Por ello, las prioridades de esta normativa son la prevención, es decir, la no generación de residuos, la reutilización, el reciclaje y la revalorización.

Todo ello se engloba en la Estrategia de Economía Circular 2030 aprobada por el Consejo de ministros, cuyo objetivo es promover el reaprovechamiento de materiales. Así, el plan es, en los próximos diez años, rebajar en un 50% el desperdicio de alimentos, mejorar un 10% la eficiencia en la gestión del uso del agua y reducir las emisiones de dióxido de carbono por debajo de los 10 millones de toneladas.

El impacto del impuesto

Sin embargo, este impuesto al plástico podría generar un fuerte impacto en el ámbito laboral. EsPlásticos, la plataforma que representa a la industria del plástico en nuestro país, calcula que la aplicación de este gravamen podría provocar la destrucción de 35.000 empleos, es decir, el 40% de los 90.000 puestos directos del sector.

Las asociaciones españolas de la industria del plástico representan a 3.000 empresas con 30.000 millones de euros en facturación anual y 255.000 empleos indirectos e inducidos.

Además de la pérdida en la fuerza laboral, la medida podría desembocar en la disminución de la competitividad de España. EsPlásticos defiende que la economía circular debe consistir en introducir de nuevo los plásticos reciclados en los productos y generar empleo y riqueza en el país.

La entidad cuestiona la evaluación de impacto y las estimaciones de creación de 11.140 puestos de trabajo directos realizadas desde Bruselas, en cuyas directrices se basa el anteproyecto de Ley propuesto por el Gobierno.
De esta forma, aunque apoyan el objetivo de la normativa, consideran que las medidas no son las más adecuadas y solicitan el diálogo con las autoridades para aportar su experiencia y conocimiento en las cuestiones técnicas que deben tenerse en cuenta para la correcta transposición de la legislación europea.