El ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos alcanzaron el miércoles un consenso para convertir a los repartidores a domicilio, también conocidos como “riders”, en asalariados de las plataformas digitales prestadoras de este servicio, como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. A pesar de que no se ha llegado a un acuerdo definitivo, la mesa de diálogo social ha accedido a “laboralizar” a estos trabajadores, rompiendo con el modelo de falsos autónomos.

De esta forma, se da el primer paso para comenzar a elaborar los aspectos técnicos de Ley de plataformas digitales, también denominada “Ley rider”, una normativa que lleva siendo objeto de debate varios años. El Gobierno se ha comprometido a remitir un documento de síntesis que recoja las propuestas que todos los agentes sociales han puesto encima de la mesa y que se espera que llegue ala Consejo de ministros en las próximas semanas.

Con la “Ley rider” se busca poner fin a una larga batalla judicial entre repartidores y plataformas. El caso más reciente es la sentencia declarada por el Tribunal Supremo el pasado mes de septiembre, que establecía que la relación entre riders y la empresa Globo tenía de naturaleza laboral y que los trabajadores estaban prestando sus servicios en calidad de “falsos autónomos”.

El Alto Tribunal dictaminó que la compañía “no es una mera intermediaria” en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Asimismo, aseguraba que Glovo es titular de los activos esenciales para la realización de dicha actividad, para lo que "se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador".

No obstante, la CEOE ha accedido a reconocer la condición de empresarios y trabajadores por cuenta ajena a cambio de que la 'Ley rider' solo afecte a compañías  como Glovo, Deliveroo o Uber Eats y no a profesionales de otros sectores que prestan sus servicios a través de plataformas digitales. Por su parte, los sindicatos lamentan este aspecto, pues consideran que la normativa debería también abarcar a quienes realizan su trabajo para plataformas digitales que también utilizan de forma fraudulenta el trabajo autónomo.

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La respuesta de la hostelería

Los sectores de la hostelería y la restauración, principales beneficiarios del servicio que prestan las plataformas de food delivery, no han tardado en pronunciarse tras la noticia. Más de 900 negocios que operan a través de estos servicios han firmado el “Manifiesto de restaurantes españoles sobre la Ley Rider”. En el documento reclaman al Ejecutivo una regulación que no dañe al sector, especialmente en un contexto de enorme impacto de la pandemia.

En el manifiesto recuerdan al Gobierno que se trata de una industria que “mantiene a más de 365.000 trabajadores en ERTE” y cuenta con “un tercio de los locales abocados al cierre ante la falta de ayudas directas”. Así mismo, cifran los efectos del coronavirus en 2020 en “una caída de facturación superior al 50% y unas pérdidas estimadas en 67.000 millones de euros”. Con estos datos como referencia, los restaurantes españoles aseguran que la “incertidumbre regulatoria” tan solo “añade una dificultad más a un sector que afronta el 2021 ya muy debilitado”.

Consideran que el reparto de comida a domicilio se ha convertido en un “elemento imprescindible” para el desarrollo de su actividad y el mantenimiento del empleo. Así, sostienen que este servicio se ha consolidado durante los últimos años como “un segmento de actividad cada vez más relevante para la hostelería, facilitando la digitalización de la industria”,  y que tras la emergencia sanitaria “el delivery es en muchos casos el único o principal canal de venta”.

Los hosteleros aseguran que la laboralización forzosa de los repartidores que actualmente operan a través de plataforma tendría un elevado coste en términos de empleo (23.000 personas), así como en los ingresos de los restaurantes y otros comercios. Asimismo, estiman que hasta 11 millones de personas en medianas y pequeñas ciudades de nuestro país se quedarían sin acceso a los servicios de reparto de comida a domicilio.
 
Las empresas firmantes del manifiesto solicitan una solución que permita fijar un marco que aporte seguridad jurídica y delimite correctamente cuando se trata de una relación mercantil o de trabajo por cuenta ajena. Reclaman también que dicha solución debe aportar flexibilidad para que el modelo económico pueda continuar cubriendo todo el abanico de demanda existente, algo que según comentan, “no debería ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores”. El deseo del sector es encontrar “una solución que nos beneficie a todos y no destruya un sector incipiente que con un gran impacto socioeconómico en el país”.

Desde APS, la asociación creada por las plataformas digitales de delivery (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats) para abordar las claves del futuro del sector, estiman que la propuesta regulatoria del gobierno llevaría a los restaurantes a dejar de ingresar más de 250 millones de euros solo en los primeros 12 meses. La asociación defiende la contribución de los servicios de delilvery a la economía apoyándose en los datos de un estudio elaborado por AFI para Adigital. Según éste, generó más de 708 millones de euros (Valor Añadido Bruto) en 2019, un 10,1% más que en 2018, y contribuyó a generar o mantener más de 15.300 empleos totales en restauración, comercio minorista y sectores asociados.