Hace unos días desayunábamos con una noticia, cuanto menos, sorprendente.
La mayor cadena de hoteles de lujo del mundo, con cerca de 6.000 establecimientos y más de un millón de habitaciones, confirmaba su entrada de lleno en el negocio de los apartamentos turísticos.
Este paso lo ha dado medio año después de inaugurar en la capital británica un proyecto piloto con la start up Hostmaker, dedicada a la gestión de pisos compartidos. Parece que los resultados son tan buenos que ha decidido extender esta actividad también a París, Roma y Lisboa, pasando así de gestionar 200 apartamentos turísticos a 340.
Se supone que, una vez que este negocio le va bien a Marriot, otras grandes compañías seguirán su senda. Sin embargo, al mismo tiempo los medios de comunicación se han hecho eco de declaraciones de directivos de las grandes empresas hoteleras españolas rechazando de pleno esta actividad, hasta el punto de que alguno la ha calificado como una amenaza para el turismo.
También fueron considerados una amenaza los adelantos técnicos que hicieron posible la revolución industrial en el siglo XIX, pero sin ellos no hubiera sido posible el desarrollo económico, tecnológico y social posterior.
El futuro está en los apartamentos
Hace cinco años que auguré que los hoteleros tendríamos que ampliar nuestro negocio a las viviendas turísticas e invertí en ellas. Me llegaron reproches desde todos los puntos. Pero lo cierto es que ya entonces era algo evidente que las demandas de los clientes iban por ahí y estaba ciego, o se lo hacía, quien no lo viese.
Hoy lo vuelvo a repetir y, además, me atrevo a añadir que en menos de un lustro serán todas las compañías del sector, quieran o no, quienes participen en este negocio.
En todos estos años hemos perdido un tiempo precioso y no hemos abordado adecuadamente lo que de verdad importa, como es la legislación que debe regular los pisos turísticos.
Lo primero que se ha hecho es prohibir los pisos turísticos
Muchas grandes compañías hoteleras se han dedicado a convencer a los ayuntamientos y a la opinión pública de las maldades de este tipo de alojamientos y otros tantos consistorios de grandes ciudades se han dejado seducir por estos planteamientos y se han dedicado a prohibirlos o ponerles todo tipo de impedimentos.
Porque lo primero que se ha hecho es prohibir, cuando lo ideal hubiera sido sentarnos los representantes del sector y de otros afines con los ayuntamientos y los ciudadanos para intentar llegar a acuerdos sobre la normativa que debe regular esta actividad. Pues está claro que debe cumplir unas normas para intentar que exista un equilibrio entre los intereses de todos y también para dar una respuesta adecuada a lo que demandan los clientes.
Si los afectados nos ponemos a remar en la misma dirección y situamos por delante de nuestros propios intereses particulares el bien común y una verdadera inclinación por la revitalización y la mejora de la calidad de vida de los centros urbanos, estén seguros de que ganaremos todos.
