Por primera vez en la historia, España tiene un marco legal estratégico con la que fija sus objetivos ecológicos tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con la que el país espera alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, para lo que adoptará medidas que afectan a la movilidad, a los principales sectores industriales, al uso de combustibles fósiles o a la eficiencia energética de los edificios, entre otras.

La decisión tomada en la Comisión de Transición Ecológica permite resolver una tarea pendiente desde hace años, que se ha ido atrasando con los diferentes procesos electorales y la falta de consenso, que tampoco ha sido unánime en esta aprobación, con los votos en contra de Vox y la abstención del PP frente al “sí” del resto de grupos políticos. Con todo, un último paso en el Senado completará el proceso para que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea una realidad en mayo.

Y antes del horizonte de neutralidad climática de 2050, el Gobierno español prevé una serie de metas intermedias igual de ambiciosas por su mayor cercanía en el tiempo. La mayoría están alineadas con el año 2030, que coincide con la fecha para cumplir con el Acuerdo de París y para el que se espera una reducción de, al menos, un 23% de las emisiones con respecto a las de 1990. Asimismo, está fijada la ambición de que las energías de origen renovable supongan un 42% en el consumo de energía final, frente al 20% actual. El otro gran punto a alcanzar afecta al sector eléctrico, que se espera cuenta con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, un sustancial aumento porcentual frente al 40% actual.

Solo coches eléctricos en 2050 y zonas de bajas emisiones

Pero si hay un sector en el que cambiarán las reglas de juego es en el del transporte y movilidad, responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto el que más aporta en un reparto que tiene como segunda fuente contaminante al sector industrial, con el 21% de las emisiones.

Los planes de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pasan por un aumento de las ventas de vehículos eléctricos, así como la paulatina renovación del parque español, el más envejecido de la UE, con 13,2 años de media. Así, el objetivo declarado en la norma es lograr en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2, un plazo final con otro intermedio previo, situado en 2040, año a partir del cual ya no se podrán vender más coches de combustión.

De igual modo, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con una zona de bajas emisiones al estilo de Madrid 360 (antes Madrid Central) o la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Esta exigencia también podría afectar a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes si la calidad del aire no es buena.

Para acompasar estas medidas, el Gobierno prevé planes de ayuda a la compra de coches eléctricos, así como para el fomento de la infraestructura de carga, hasta el punto de que obligará a que las gasolineras cuenten con una zona habilitada para vehículos cero emisiones.

Y lo mismo sucederá, a partir de 2023, con todos los edificios no destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento, que deberán contar igualmente con infraestructuras de carga. De igual modo, se prevé la elaboración de un mapa público para que los conductores sepan donde pueden cargar sus vehículos, algo que ahora solo pueden consultar a través de aplicaciones privadas.

Energía eléctrica de fuentes renovables

Otro de los sectores más afectados por Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el eléctrico, causante del 14% de las emisiones de efecto invernadero, que, al igual que la movilidad, lleva un tiempo inmerso en una transición por la que se han cerrado las centrales de carbón. Para esta industria, la norma contempla que en 2030 un 74% de la electricidad que se genere en España ha de provenir de energías renovables, mientras que en 2040 esta cuota será ya del 100%.

Este cambio de paradigma vendrá acompañado de una reforma del sector eléctrico que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberán presentar a lo sumo un año después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático, que prevé también el impulso de las centrales hidroeléctricas, así como los parques eólicos y solares, aunque apunta una salvedad en esta expansión: “Ha de ser compatible con la conservación del patrimonio natural”.

Una declaración que busca proteger áreas como la Red Natura 2000, donde han aumentado en los últimos años la instalación de estas infraestructuras, algo que el Gobierno quiere poner coto con la elaboración de un mapa de zonas sensibles en las que no se podrá llevar a cabo ningún proyecto de este tipo para evitar el impacto medioambiental que pueda generar.

No más ayudas fiscales para combustibles fósiles

Tanto las medidas que se tomarán en movilidad como en el sector eléctrico ponen en el disparadero a los combustibles fósiles. Así, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética prohibirá las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos y no prorrogará los que ya están activos más allá de 2042.

Además, el texto apunta directamente sobre la técnica del fracking o fractura hidráulica, que ha generado enormes protestas y que quedará vetada con la aprobación de este texto legal. Por último, relacionado con este apartado de combustibles fósiles, no existirán, por norma general, beneficios fiscales para este tipo de productos siempre que existe una alternativa tecnológica.

Otro apartado en el que pone el foco la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es en la eficiencia energética de los edificios, un foco importante de emisiones contaminantes, sobre todo por las calefacciones. Estas, al igual que los aires acondicionados, deberán ser cero emisiones y su transición vendrá acompañada de un aumento del autoconsumo. De igual modo, el Gobierno tiene en su hoja de ruta poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas nada más aprobarse la ley.

Evaluación de los riesgos económicos

Todos estos cambios supondrán, lógicamente, una importante transformación de la economía, por lo que la aprobación definitiva de la ley supondrá la creación de un comité de expertos de cambio climático que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para esta transición. La información será evaluada por el Congreso de Diputados y sometida a debate.

Además, las grandes empresas, bancos y aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad que suponen todos estos cambios; y el Banco de España, junto a la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrán que presentar un informe bianual sobre el grado de cumplimiento del sector financiero con el Acuerdo de París.

Un ejercicio similar al que tendrán que hacer los grandes operadores energéticos con evaluaciones que ya están en las planificaciones estratégicas de la mayoría de las empresas, para las que la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad, pero también en nuevas vías negocio. De hecho, la mayoría han propuesto una "recuperación verde" para la actual crisis, tal y como comentó Maria Mendiluce, CEO de We Mean Business, una coalición mundial de ONG que trabaja con grandes corporaciones para alinear sus objetivos con los de la sostenibilidad, en un evento organizado por Creatives for the Future.

Un sentimiento alineado con la propia opinión pública española, ya que según una encuesta elaborada por el Banco Europeo de Inversiones, un 64% de los ciudadanos de nuestro país defiende que la recuperación “tenga claramente en cuenta las necesidades de acción climática”. De ahí el último compromiso que recoge la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética como es la creación de una asamblea ciudadana que impulse la participación de la sociedad en la lucha contra el cambio climático.