El proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa Google, ha pasado este miércoles 7 de octubre su último examen en el Senado. La Cámara Alta ha dado el visto bueno para que la normativa sea publicada en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor, previsiblemente, a partir de enero de 2021.

La ministra de Hacienda ha celebrado la aprobación definitiva del tributo, pues considera que “adapta la fiscalidad de España al siglo XXI sobre determinadas áreas económicas” que estaban generando una asimetría con respecto a la fiscalidad tradicional. De esta forma, se gravarán distintas actividades virtuales, como los servicios de publicidad online, servicios de intermediación digitales y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. Es decir, compañías como Google, Amazon o Facebook se verán afectadas por la nueva medida.

Este impuesto constituye una de las primeras modificaciones del plan fiscal del Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Desde que diera comienzo el proceso parlamentario el pasado mes de febrero, el objetivo ha sido el de encontrar una fórmula que adapte la fiscalidad a la digitalización de la economía y obligue a las grandes compañías tecnológicas a pagar impuestos allí donde generan valor. En este sentido, la tasa, que contará con una liquidación trimestral, tendrá un tipo impositivo del 3% y se aplicará solo a aquellos grupos con unos ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuya facturación en España rebase los tres millones.

Con ello, el Ejecutivo pretende recaudar un total de 968 millones de euros anuales, lo equivalente a un 0,45% de la recaudación total de impuestos. En 2018, cuando el proyecto ya se encontraba sobre la mesa de trabajo del Gobierno, las previsiones se elevaban hasta los 1.200 millones, pero la convocatoria de elección y la llegada de la ministra enfrió un 20% las expectativas.

En busca de un impuesto global

No obstante, desde Hacienda han señalado la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20.

La OCDE, que preveía presentar ya este año una propuesta concreta y de consenso para que los grandes grupos tributen allí donde estén sus usuarios, ha modificado sus planes. La pandemia y la negativa de Estados Unidos a continuar con las negociaciones ha retrasado el proceso. La Administración de Trump envió este verano envió una carta a los ministros de finanzas en España, Francia, Italia y Reino Unido para comunicar las posibles represalias a la imposición unilateral de nuevos aranceles.

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El hecho de que Estados Unidos sea la cuna de las principales compañías tecnológicas y niegue su participación en el proceso de las negociaciones hará prácticamente imposible alcanzar un acuerdo y poner en marcha a una tasa Google global que funcione y resulte realmente eficaz.

Ante esto, la intención de Bruselas es seguir adelante por su cuenta y diseñar un impuesto a nivel europeo, siempre y cuando no se logre un acuerdo global este año. No obstante, cabe la posibilidad de que tras la votación del próximo 3 de noviembre, el posible nuevo gobierno de Estados Unidos decida volver a sumarse al proyecto internacional.