Un sencillo supermercado de Tesco, similar a tantos otros, ha sido calificado como construcción protegida en el Reino Unido. Se trata del establecimiento de la cadena Tesco Express que la compañía tiene en Dean Street, en el céntrico y muy conocido barrio del Soho, en Londres y la razón por la que ha recibido su calificación de Activo de Valor para la Comunidad (ACV, por sus siglas en inglés) no es su singularidad arquitectónica o histórica sino el importante servicio que presta a los vecinos del barrio.

El Soho es una de las zonas de restaurantes y bares más populares de Londres. Tiene fama de barrio bohemio y de centro de atracción para la comunidad LGBT, está cerca de muchos conocidos teatros y cines y sus calles acogen un buen número de compañías publicitarias y de producción audiovisual. 
Pero, como han señalado los medios que han informado sobre la designación del supermercado de Tesco como ACV, en sus calles puede resultar más fácil comprar quesos franceses artesanos, un exótico café de especialidad o una entrada para el teatro que un paquete de papel higiénico.

La prestación de ese servicio esencial por parte de la tienda de Tesco en Dean Street es la razón que ha llevado al consejo municipal de Westminster, distrito donde se ubica el Soho, a otorgarle la calificación de ACV. Esta se le concede en su calidad de supermercado, el hecho de que pertenezca a Tesco es irrelevante en este caso. 

El Westminster Council tomó su resolución a raíz de la petición en tal sentido realizada por The Soho Society, una entidad vecinal que promociona el barrio y sus actividades. El servicio que el Tesco de Dean St. presta al barrio ya fue la razón esgrimida por el consejo el pasado mes de octubre para denegar el permiso de demolición del edificio en el que se encuentra el establecimiento para sustituirlo por un bloque de oficinas y un “bazar de arte”. 

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La designación de un lugar o negocio como ACV implica que esa calificación ha de ser tenida en cuenta en cualquier desarrollo futuro del mismo y en los planes urbanísticos que la afecten. En caso de que el propietario desee venderla, entra en vigor una moratoria de seis meses para que la comunidad tenga la posibilidad de recaudar fondos con los que adquirirla ella misma.