El Consejo de ministros ha dado luz verde definitiva a la Ley de Plataformas Digitales, más conocida como “Ley Rider”. Tal y como se diera a conocer el pasado mes de marzo, el ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos han definido los detalles de una normativa cuyo principal objetivo es “laboralizar” a los repartidores a domicilio, comúnmente apodados “riders”.

La ley busca poner fin a una larga batalla judicial entre los repartidores y las plataformas, y a una cuestión lleva siendo objeto de debate varios años. El visto bueno otorgado por el Consejo de ministros implica que compañías de delivery como Glovo, Deliveroo, UberEats o Stuart contraten como asalariados a sus repartidores, terminando de esta forma con el modelo de falsos autónomos en el que se basaban la mayoría de este tipo de aplicaciones.

De esta forma, se reconocerá la presunción de laboralidad para los empleados de estas plataformas, aunque la cartera dirigida por Yolanda Díaz no descarta ampliar el alcance de la nueva norma a otro tipo de servicios digitales, como los conductores de VTC. Desde su publicación en el BOE las citadas empresas contarán con un plazo de tres meses de plazo para dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a este tipo de profesionales

Entre otras medidas contempladas, el texto también precisa los derechos de información y consulta de la representación de las personas trabajadoras en el entorno laboral digitalizado. Por tanto, los representantes legales de dichos trabajadores deberán ser informados de las reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que emplean este tipo de plataformas, ya que se entiende que afectan a las condiciones laborales de los repartidores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado la necesidad de proteger a los trabajadores más allá de la forma de organización tecnológica. “Necesitamos el desarrollo tecnológico para progresar, hay grandes oportunidades para avanzar como país, pero este desarrollo no se puede quedar fuera del trabajo. Los derechos laborales, el alma, no podían quedar a las puertas de la fábrica, y ahora no pueden quedarse en un teclado de móvil u ordenador”. También ha puesto en valor el carácter pionero de la normativa. "Es el momento de que España impulse vientos de cambio, situándonos a la vanguardia internacional en protección laboral de los trabajadores y trabajadoras en plataformas con esta normal”.

División de opiniones entre las plataformas

A pesar de todo, la aprobación del texto por Real Decreto-Ley no parece que vaya a poner fin a meses de opiniones encontradas y posturas enfrentadas respecto al nuevo marco regulatorio. Tanto desde el punto de vista de los empleados, como desde la perspectiva de los empleadores, el contenido de la norma ha suscitado valoraciones de todo tipo.

Desde APS (Asociación de Plataformas de Servicios Bajo Demanda), que engloba a las principales plataformas de food delivery en España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats), ha lamentado la aprobación del documento y critican que se haga “por la vía de urgencia y sin debate parlamentario”. Consideran que “pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español" y que el texto “ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores”.

Además, añaden que “mientras España se reivindica como nación start-up, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de revelar sus algoritmos a una empresa tecnológica” y recuerda que la ley llega en un momento en el que la Unión Europea trabaja en la nueva regulación de trabajo en plataformas, lo que “añade todavía más incertidumbre al desarrollo de la economía digital en España”.

Además de respaldar la postura de la plataforma, Stuart también se ha pronunciado a título particular. David Gausch, Director de la compañía en nuestro país, ha querido “remarcar el fracaso que ha supuesto la Mesa del Diálogo Social” y lamenta profundamente “la falta de apoyo por parte de la principal patronal hacia las plataformas a la hora de presentar alternativas regulatorias”. Tal y como ha explicado en un comunicado, esto ha provocado que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas de la plataformas de reparto. “Consideramos que esta nueva regulación requería no solo de la participación del sector afectado, sino también un debate parlamentario amplio y sosegado”.

También ha recordado la contribución económica y laboral de esta industria y mostrado su preocupación por el futuro del sector y el efecto negativo que pueda tener la regulación -que ha calificado de "inflexible y rígida"- para sus clientes y repartidores. “Desde nuestros comienzos trabajamos para una mayor digitalización de las pymes en España y creemos que esta regulación puede debilitar las oportunidades de estos pequeños y medianos comercios para generar sus propios e-commerce y sus ventas por internet”, ha comentado Guasch.

La mencionada falta de apoyo a las plataformas por parte de la patronal ha sido una cuestión duramente criticada por las compañías afectadas. Es más, las desavenencias respecto a la ley fueron la causa de que Glovo abandonara la CEOE, a la que acusaba de haber "dado la espalda" a la empresa. La decisión de la compañía de dejar de formar parte de la entidad respondía a “la reiterada omisión de representación de la patronal en la mesa de diálogo social”.

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En el lado opuesto, Just Eat Takeaway.com se ha desmarcado de sus competidoras celebrando la aprobación de la nueva regulación, pues considera que “genera la seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas”.

La compañía ha respaldado la postura de la ministra al considerar que el texto aprobado sitúa a nuestro país como un referente europeo. “La nueva regulación del ministerio de Trabajo refuerza la necesaria protección jurídica de los trabajadores y sitúa a nuestro país como un referente europeo. Esto supone un avance de notable trascendencia, pero queda mucho camino por recorrer para el desarrollo de la economía digital”.

Asimismo, Just Eat takeaway.com asegura haber participado en la conversación pública sobre el debate regulatorio y haber estado abiertos al diálogo con todos los actores implicados. “Las plataformas digitales tenemos la responsabilidad de promover la creación de empleo legal, seguro y de calidad en nuestro país. Podemos crecer como sector, trabajando de manera conjunta para lograr un desarrollo sostenible de la economía digital y continuar siendo un apoyo esencial para el sector de la restauración”.

Riders a favor y en contra de la laboralidad

Las opiniones parecen divididas también entre los trabajadores. Tanto en redes sociales bajo el hashtag #SíSoyAutónomo como en manifestaciones en las calles de las ciudades más destacadas de nuestra geografía, una sección de los repartidores -organizados en la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos- han comunicado su descontento con la nueva ley. Consideran que la normativa se ha definido sin su participación y reclaman un proceso inclusivo y representativo.

Esta postura estaría alineada con los datos compartidos recientemente por Deliveroo, que asegura que el 80% de los riders que colaboran con la compañía manifiesta no sentirse representado por la Ley Rider propuesta por el ministerio de Trabajo. Según una encuesta elaborada por la plataforma a cerca de 2.100 repartidores, el 91% de estos señalan como su principal preocupación el grave impacto que esta ley tendrá sobre sus ingresos, seguido por el hecho de que las plataformas estarían operativas en menos ciudades o zonas (54%) y que habría más competencia por el trabajo (38%).

Por su parte, la plataforma RidersxDerechos sostiene que, aunque la ley “va en línea” de sus demandas, no tienen razones “para celebrar”. Apuntan a que el proceso de laboralización se realiza abruptamente sin garantizar la permanencia de los actuales trabajadores y señalan que el plazo proporcionado a las empresas acabará justo a mitad de agosto, con muchos abogados de vacaciones y que va a provocar una difícil respuesta a los posibles despidos de estas empresas.

Temen también que las empresas opten por la subcontratación y el empleo temporal. “No se trata solo de hacer cumplir la ley y el estatuto de los trabajadores para nuestro colectivo, sino de proteger los derechos y la dignidad de la clase trabajadora, cosa que solo se ha conseguido en una pequeña proporción, a vista de semejantes vacíos que dejan a las empresas para continuar con sus triquiñuelas y salir impunemente de las que ya han realizado”.

Y a pesar de que es un avance permitir acceder al algoritmo a los comités de empresa, consideran que se pierde una oportunidad de exigir una transparencia real a las plataformas. También denuncian que no exista un “intento de regularización de los trabajadores sin papeles que han sido víctimas del mercado de alquiler de cuentas” y que no se haya penalizado a las empresas defraudadoras, “a diferencia de lo que han conseguido por la vía judicial nuestros hermanos y hermanas de Italia, donde se ha ordenado la contratación y multas millonarias para estas empresas”.

RidersxDerechos se ha reafirmado en su compromiso con los derechos fundamentales de los trabajadores y su voluntad de sindicalización. “Esta ley no es el final, ni mucho menos, es un simple punto y seguido en nuestra lucha. Estas empresas han venido a cargárselo absolutamente todo y sabemos que, igual que se han saltado la ley durante más de 5 años, lo van a seguir intentando hacer con esta legislación”.