La Comisión Europea ha presentado esta semana una nueva propuesta de medidas para establecer criterios comunes contra el greenwashing y la información medioambiental engañosa. El principal objetivo es nivelar el campo de juego para que los consumidores dispongan de información de mejor calidad para elegir productos y servicios que no dañan el medio ambiente y, por tanto, mayor seguridad de que cuando algo se vende como verde, en realidad es verde. 

Las propuestas presentadas esta semana (Directive on Green Claims) complementan las de marzo de 2022, orientadas a hacer los productos más sostenibles, fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de cara a la transición ecológica; y forman parte del compromiso del organismo comunitario con el Pacto Verde Europeo. Se trata el tercer paquete de propuestas sobre economía circular y se ha presentado junto a una propuesta de normas comunes que promuevan la reparación de bienes. 

Desde la Comisión señalan que la ausencia de reglas comunes para las empresas que realizan afirmaciones ecológicas voluntarias conduce al greenwashing y genera desigualdad en el mercado de la Unión Europeo, en detrimento de las compañías genuinamente sostenibles. Es más, según un estudio del organismo publicado en 2020, el 53,3% de las afirmaciones ambientales examinadas en espacio comunitario resultaron vagas, engañosas o infundadas y el 40% carecían de fundamento.

El principal objetivo del texto es cubrir afirmaciones explícitas hechas voluntariamente por las empresas para los consumidores, y que se relacionan con el impacto ambiental, el aspecto o el rendimiento de un producto o del propio comerciante, y adoptan un enfoque de "ciclo de vida", desde las materias primas hasta el final de la vida útil. Es decir, afirmaciones como "envases fabricados con un 30% de plástico reciclado", "zumo bee-friendly", "ruta con compensación de carbono", “C02 100% compensado” o “neutralidad de carbono”. 

Propuestas centradas en la evidencia y la regulación del etiquetado

La propuesta exigiría que dichas afirmaciones deben fundamentarse y que dicha fundamentación debe verificarse ex-ante. Para ello, los estados miembros serán responsables de establecer procesos de verificación y ejecución, que serán realizados por verificadores independientes y acreditados, siguiendo las siguientes directrices: 

• Las afirmaciones deben estar fundamentadas con evidencia científica ampliamente reconocida, que identifique los impactos ambientales relevantes y cualquier compensación entre ellos
• Si se comparan productos u organizaciones con otros productos y organizaciones, estas comparaciones deben ser justas y basadas en información y datos equivalentes.
• No se permitirán declaraciones o etiquetas que utilicen una puntuación agregada del impacto ambiental general del producto en, por ejemplo, la biodiversidad, el clima, el consumo de agua, el suelo, etc., a menos que así lo establezcan las normas de la Unión Europea.
• Los esquemas de etiquetado ambiental deben ser sólidos y confiables, y su proliferación debe ser controlada. Se deben fomentar los esquemas a nivel de la Unión Europea, y no se permitirán nuevos etiquetados públicos, a menos que se desarrollen a nivel de la Unión Europea, y los nuevos etiquetados privados solo se permiten si pueden mostrar una mayor ambición ambiental que los existentes y obtener una aprobación previa para ser permitido.
• Las etiquetas ambientales deben ser transparentes, verificadas por un tercero y revisadas periódicamente.

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No obstante, la propuesta solo se refiere a afirmaciones que actualmente no están cubiertas por otras normas de la Unión Europea. Lo que significa que si la legislación vigente establece normas más específicas sobre alegaciones medioambientales para un sector o una categoría de productos concretos, como la etiqueta ecológica (UE EcoLabel), la etiqueta de eficiencia energética o la etiqueta de agricultura ecológica, esas normas prevalecerán sobre las de la propuesta.

Tal y como explican desde la Comisión, la medidas planteadas pretenden hacer que las empresas garanticen la confiabilidad de sus afirmaciones ambientales y comuniquen de manera transparente. En este sentido, sus alegatos deberán ser comprobados por un verificador independiente, que emitirá un certificado de conformidad reconocido en toda la UE.

Las microempresas quedarían exentas

El organismo considera que, de esta forma, se otorgará una ventaja competitiva a las empresas que hagan un verdadero esfuerzo por desarrollar productos, servicios y prácticas organizativas respetuosas con el medio ambiente y reducir su impacto en el medio ambiente. También se espera que reduzca el riesgo de fragmentación legal del mercado único, ahorrando costes para las empresas que tienen sus declaraciones certificadas y reforzando la credibilidad de las industrias europeas fuera de la Unión.

No obstante, de cara evitar un impacto desproporcionado en las empresas más pequeñas en comparación con las más grandes, las microempresas (menos de 10 empleados y menos de 2 millones de euros de facturación) quedarían exentas de las obligaciones de esta propuesta, a menos que deseen acogerse a las reglas. En esta línea, tanto los Estados miembros como la Comisión brindarán apoyo financiero y asistencia organizativa y técnica. 

Por otro lado, las empresas que tengan su sede fuera de la Unión Europea y realicen afirmaciones medioambientales voluntarias dirigidas a los consumidores del espacio comunitario también deberán respetar los requisitos establecidos en la directiva propuesta. La intención con esto es animar a los operadores globales a contribuir a la transición verde, en particular a las empresas que comercian en el mercado interior.

Según señala la Comisión, tras el procedimiento legislativo ordinario, la propuesta de Directiva sobre afirmaciones ecológicas está sujeta a la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo.