La Publicidad Digital ha hecho posible el desarrollo de mensajes publicitarios más personalizados y respetuosos con la actividad del usuario. Pero su nacimiento también ha hecho que el fraude publicitario se dispare en este sector.
Los datos dicen que cada vez es más frecuente este tipo de publicidad generada por robots informáticos y que normalmente suele incluir reclamos publicitarios relacionados con premios para cuya obtención es necesario ofrecer algún tipo de dato o cantidad económica.
El último estudio de Solve Media ha revelado que más del 60% de los anuncios online que se lanzaron en EEUU en el último cuatrimestre de 2013 fue fraudulento. Es decir, no fueron trabajo de profesionales del sector, sino de otros agentes informáticos cuya actividad es ilegal al no estar certificada.
Fue precisamente a finales de 2013 cuando se registró la cifra de fraude publicitario más elevada en EEUU. Iniciamos 2013 con un 44% de anuncios digitales fraudulentos en EEUU y estos se elevaron 20 puntos porcentuales al finalizar el año.
Pero las consecuencias van más allá de las cifras. La presencia de este tipo de publicidad se traduce en un desperdicio de recursos por parte de las empresas que operan correctamente en el mercado publicitario digital. Los anuncios fraudulentos roban espacios a piezas que no lo son. Además, estas empresas se ven obligadas a dedicar parte de su plantilla y experiencia a la vigilancia de estas actividades ilegales.
“Tenemos que proteger la inversión publicitaria de nuestros clientes”. - Erin Pennington, vicepresidente ejecutivo de la agencia de publicidad digital Moxie
Sin embargo, la plataforma de evaluación de medios de comunicación digital Integral Ad Science presenta un panorama mucho más positivo. Afirman que esta actividad fraudulenta ha disminuido un 7% en 2013.
Sean las cifras que sean, está claro que la publicidad fraudulenta es una práctica que perjudica a todos los agentes del sector digital. A los anunciantes porque compiten con sus impresiones de forma fraudulenta y a las agencias que se ven obligadas a invertir parte de sus recursos en la detección de estas prácticas.
