El gobierno de Pedro Sánchez está decidido a aprobar este martes en Consejo de ministros la conocida como tasa Google, un impuesto por el que las grandes tecnológicas como el propio buscador o Facebook deberían tributar en los países en los que hacen negocio en lugar de llevarse los beneficios a otros lugares con baja fiscalidad.

Sin embargo, ante la presión de Estados Unidos (de donde proceden la mayoría de estas compañías) que ya amenaza con aranceles de los automóviles a los países que graven a sus tecnológicas; la cartera de Agenda Digital que dirige la ministra Nadia Calviño, ha anunciado que retrasa su cobro a diciembre.

Para entonces ya debería estar listo el impuesto digital global que prepara la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una postura internacional que avalaría la española. “No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de una liquidación a final de año”, ha asegurado la también vicepresidenta Calviño.

En condiciones normales, el pago del impuesto sobre servicios digitales o tasa Google debería fraccionarse trimestralmente, pero este 2020 la previsión es que se abone de manera excepcional a final de año como consecuencia del debate internacional generado. De hecho, países como Francia, que llegó a poner en marcha el impuesto e incluso a cobrarlo; lo congeló después también hasta final de año ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 100% a productos como el vino.

Según estimaciones de la OCDE, este impuesto permitiría recaudar unos 92.000 millones de euros al año. El debate en el seno del organismo gira en torno a dos propuestas:

• Que las grandes corporaciones (no solo tecnológicas, en concesión a Estados Unidos) tributen donde estén sus usuarios
• Que se fije un tipo mínimo global del impuesto de sociedades para desincentivar el desvío de beneficios a territorios con fiscalidad más ventajosa

España se ha mostrado favorable a que sean la OCDE o la Unión Europea quienes tomen la iniciativa en el diseño de una tasa digital, pero a la vez ha dejado claro que avanzaría con un impuesto propio en el caso de que fracasara la negociación a escala global, como ha ocurrido.
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