EY ha hecho público un Informe sobre Fraude y Corrupción que ha elaborado entre directivos de 38 países de EMEIA (Europa, Oriente Medio, India y África), entre ellos, ejecutivos de España.

Los resultados, además, cobran un especial significado ante la inminente aprobación, el próximo 1 de julio, del nuevo Código Penal español que, entre otras cuestiones, aplicará determinadas exenciones en la responsabilidad de las empresas y sus dirigentes, relacionadas con la implantación de medidas antifraude y anticorrupción.

Las principales conclusiones del informe para España han revelado que 7 de cada 10 directivos manifiestan que los sobornos y la corrupción no solo estarían justificadas, sino que son habituales en el proceder de las empresas. Las cifras han duplicado incluso a las registradas en la media de los países de Europa Occidental analizados en el estudio, donde el 35% reconoce este modus operandi tan poco ético.

Buscar una alternativa más rápida resulta ser, en muchas ocasiones, la vía preferida por las empresas. Sobre todo cuando en el camino encuentran varios obstáculos porque necesitan completar su proceso de recuperación económica dentro de un mercado muy volátil y con crecientes requisitos de cumplimiento normativo, transparencia o endurecimiento de sanciones.

Entre otros aspectos, el estudio de EY ha reflejado que España ocupa el puesto 13 de un total de 38 países entre los que, en mayor medida, sus directivos perciben comportamientos poco éticos en los negocios.

En el ranking España se ha situado por detrás de países como Italia, Egipto, Turquía o Rusia. Croacia es el país que se sitúa a la cabeza mientras que Dinamarca, a la cola, es el país donde los directivos perciben menos estas prácticas, con un 4%.

Los típicos “errores” justificables en las empresas

Hay “errores” conscientes y justificables, según los entrevistados, si estos ayudan a la supervivencia del negocio. La gran parte de los encuestados ha aprobado herramientas no muy éticas como negociar nuevos “descuentos retroactivos” con los proveedores, que ha consentido el 36%, o retrasar el pago de facturas, que ha defendido el 14%.

De hecho, un 15% de los españoles encuestados ha comentado que algunas de estas prácticas han tenido lugar en los últimos meses en sus empresas. Y el recurso más empleado y justificado son los sobornos. Un 46% de los encuestados en España lo ha justificado como ayuda para mejorar las ventas u otros aspectos del negocio.
Dentro de las modalidades de sobornos, el 34% ha optado por obsequiar con regalos personales, un 31% por realizar regalos relacionados con ocio y un 16% se ha decantado por el pago en metálico.
                                                              
Otra de las artimañas a destacar son los reportes de resultados anuales. El estudio demuestra que más de la mitad de los directivos españoles (56%) ha percibido que en general las compañías reflejan unas cifras mejores de lo que en realidad suelen ser. La media europea se ha situado en un 33%.

La activación de medidas regulatorias

La actividad regulatoria y los estándares éticos siguen evolucionando en el entorno de los negocios y el informe así lo ha reflejado. De hecho, un 21% piensa que ésta actividad ha impactado ya de manera favorable en los resultados de su compañía. Además, según el 42%, el incremento de regulación en sus sectores en esta materia es un incentivo para crecer y tener éxito en los negocios.

Y no sólo las instituciones están ejerciendo como organismos regulatorios, los propios profesionales también han empezado a sacar los colores a sus empleadores. Un 39% se ha mostrado en contra de que la cúpula en España no saque a la luz prácticas “poco éticas” dentro de sus compañías, si bien un 26% está convencido de que los estándares en esta materia han mejorado en los últimos dos años.

El objetivo es castigar con más dureza y conseguir reparar los daños

A pesar de la presión que las medidas reguladoras puedan ejercer, siete de cada diez están convencidos de que las autoridades deben “hacer más”, no sólo castigando estos comportamientos, sino también tomando más medidas para recuperar los daños resultantes de los casos de fraude y corrupción. Y, para ello, el 58%  ha pensado en medidas de localización y congelación de activos como una forma eficaz de prevenir el fraude o negocios corruptos en el futuro.

“La presión por mejorar los balances de las compañías y, sobre todo, la sensación de impunidad sobre quienes sobornan o cometen un fraude se ha convertido en caldo de cultivo para estas prácticas, por otro lado, tan perjudiciales para la competitividad de nuestra economía y para la imagen de marca del país. Sin embargo, a pesar de que hay camino por recorrer, la sociedad condena cada vez más estos comportamientos y las instituciones empiezan a estrechar el círculo a los autores de estas actividades, impulsando una regulación más restrictiva, buscando responsables penales, así como incrementando las sanciones. A pesar de ello, es preciso seguir trabajando en concienciar e impulsar medidas que frenen estos comportamientos”, ha señalado Ricardo Noreña, socio responsable del Área de Forensic de EY.

La prevención, herramienta antifraude

Entre las medidas de prevención existentes en España, destacan la existencia de códigos de conducta y el canal de denuncias. Pero a veces este control resulta escaso. De hecho sólo un 46% ha manifestado contar con un documento corporativo anti sobornos y anti corrupción, frente al 59% de media en Europa occidental. Y menos de la mitad no ha tenido claras las penalizaciones derivadas de estas prácticas.

Por lo que se refiere a los canales de denuncia, casi 3 de cada 10  han dicho no tenerlos en sus empresas en España frente a 1 de cada 10 a nivel europeo.

“Combatir el fraude es responsabilidad en gran medida de todos los actores, incluidas las empresas. Éstas deberían instaurar todas las barreras a su alcance de cara a frenar cualquier comportamiento no ético”,  ha objetado Ricardo Noreña.

Puedes consultar el informe aquí.