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UPEV, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, ha puesto en marcha un proceso judicial contra la Administración General del Estado con el que solicita la cesación y rectificación de la campaña institucional de publicidad “El Tabaco Ata y Te Mata En Todas Sus Formas”, promovida por los ministerios de Sanidad y Consumo desde el año 2019.

La organización considera que la campaña identifica “de forma manifiestamente engañosa” vapear y fumar, “equiparando ambas actividades y atribuyéndoles los mismos efectos nocivos”. Desde hace dos años, las mencionadas carteras han divulgado un discurso en contra del consumo de tabaco y prevención del tabaquismo, destacando que este constituye el principal problema de salud pública prevenible en los países desarrollados. Es, según informan, la primera causa de mortalidad y morbilidad evitable en nuestro país y el resto de países de nuestro entorno.

“Fúmalo. Caliéntalo. Vaporízalo. Saboréalo. Que no te engañen. El tabaco ata y te mata en todas sus formas”, afirma la creatividad, mostrando una serie de sujetos que consumen tabaco de diversas formas, como los cigarrillos, vapeadores o cachimbas.

UPEV considera que con este mensaje el ministerio de Sanidad difunde información y realiza afirmaciones que, desde el punto de vista científico, no son ciertas. Tal y como explican, la identificación del tabaco y el vapeo únicamente provoca confusión en la ciudadanía y señalan que, atendiendo a lo publicado por Public Health England en 2015, los vapeadores personales son un 95% menos perjudiciales que el tabaco. Así, la organización rechaza “frontalmente” la postura de Sanidad por “ser falsa y carecer el mínimo rigor exigible”.

El proceso se ha emprendido, según ha comunicado UPEV, después de numerosas reclamaciones de retirada o modificación de la campaña. “Las solicitudes del sector no han sido escuchadas. Por este motivo, acudimos ahora a la vía legal para defender una información pública veraz y para salvaguardar los intereses de un sector que siempre ha mantenido un firme compromiso con el aval científico”, ha afirmado Arturo Ribes, Presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo.

No obstante, durante este tiempo, la comunicación ha recibido diversas críticas por parte de diversas organizaciones de usuarios y la propia UPEV, que ha formalizado quejas ante el Defensor del Pueblo. A raíz de esto, la Comisión y el ministerio de Sanidad reconocieron que vapear no es una forma de consumir tabaco. En palabras de la cartera, se equiparó el tabaco a los cigarrillos electrónicos por “necesidades propias del lenguaje de la campaña”, “su carácter limitado” y “de tipo sintético”. No obstante, desde la organización aseguran que “la vulneración del principio de veracidad queda especialmente de manifiesto si se tiene en cuenta que la propia Administración tuvo que acudir a estas excusas basadas en criterios de oportunidad y no de legalidad, para explicar lo inexplicable”.

El impacto en el sector

Como explica, la campaña, activa en páginas web, redes sociales, televisión, radio y otros medios de comunicación desde hace dos años, ha supuesto la pérdida de numerosos empleos y una reducción anual del 70% en las ventas de kits básicos, los productos a los que habitualmente acuden los fumadores que deciden por primera vez dejar de fumar. Asimismo, desde la organización apuntan que se experimentó una caída de más del 30% de la facturación del sector en último cuatrimestre de 2019, la cual se ha visto agravada durante la pandemia.

En este sentido, que los efectos de la comunicación institucional siguen causando daño en las compañías de la industria. Durante 2020, el sector independiente del vapeo facturó 50 millones de euros en nuestro país, cifra que se situaba en los 88 millones de euros en 2018. Todo ello ha contribuido, según alegan, a la pérdida de empleo, situándose este actualmente en 2.500 personas, frente a las casi 4.500 de hace tres años; y a la reducción del tejido empresarial, ya que de los 560 negocios que constituían la industria en 2018, hoy en día solo quedan 360.

Además, desde UPEV aseguran que el número de usuarios adultos de vapeadores ha bajado en casi 250.000 personas (562.000 en 2018 frente a las 317.000 de 2020), y estima que aproximadamente 100.000 de esas personas podrían haber vuelto al cigarro de combustión tras las campañas del ministerio.

Sin embargo, más allá de los datos cuantitativos, la organización considera que la campaña ataca la honorabilidad y el prestigio de los profesionales y las compañías que integran el sector,  identificando de manera errónea sus productos con el tabaco de combustión. “Sin duda, ello produce un efecto estigmatizador en los profesionales del vapeo sin tener en cuenta que la actividad del vapeo ofrece una salida efectiva a los fumadores para abandonar el tabaquismo”, sostienen.

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Desde la dirección letrada del proceso judicial concluyen que la campaña conculca de forma manifiesta el principio de veracidad en la información difundida con cargo a fondos públicos y lesiona los derechos y libertades de las empresas del sector causándoles graves daños y perjuicios. “Los poderes públicos no pueden emplear las herramientas a su disposición para desarrollar campañas institucionales engañosas basadas en criterios erróneos”, ha afirmado Santiago Thomás de Carranza, Socio Director del Despacho Thomás de Carranza Abogados. “La Administración ha actuado en este caso de forma manifiestamente irresponsable y los graves daños que dicha campaña está causando los están sufriendo las empresas del sector (en su mayoría, pequeñas y medianas empresas)”.

Así, la UPEV solicita la cesación y rectificación de la campaña “El Tabaco Ata y Te Mata En Todas Sus Formas” atendiendo a los siguientes motivos:

• Falta de concurrencia de los requisitos legalmente establecidos para la realización de la campaña
• Infracción del principio de veracidad por publicidad engañosa
• Existencia de fundamento científico que evidencia la falta de veracidad de la campaña institucional
• Infracción de la Ley de Publicidad Institucional en: libertad de información. derecho al honor, libertad de empresa, derecho a la salud, derecho a la protección y defensa de los consumidores y usuarios y principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública
• Infracción del artículo 3.2 de LPCI, ya que no cumple los requerimientos legales de la misma porque no concurre interés público y se incurre en desviación de poder