Ante las crecientes iniciativas para restringir la actividad publicitaria y “un discurso político cada vez más negativo contra la publicidad”, asociaciones y organizaciones de anunciantes, agencias y medios del sector español se han unido a un movimiento europeo que busca concienciar a los gobiernos del valor que este sector aporta a la economía, la sociedad y los consumidores.
WFA, EACA y EGTA son las asociaciones internacionales firmantes de esta carta abierta
Concretamente en nuestro país, ha sido la Asociación Española de Anunciantes (AEA) la que ha coordinado el envío de una carta a la Administración. El documento está firmado por tres entidades internacionales: la Asociación Europea de Agencias de Comunicación (EACA), la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) y el Grupo Europeo de la Publicidad en Televisión (EGTA).
Del mismo modo, además de la AEA, el texto cuenta con el apoyo de otras asociaciones pertenecientes también a la Comisión de Industria Publicitaria (CIP) y por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA). Junto a las mencionadas, las entidades españolas firmantes son:
- Asociación de Creatividad Publicitaria (ACT)
- Asociación de Agencias de Medios (AM)
- Asociación Para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC)
- Asociación de Revistas (ARI)
- Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La Fede)
- IAB Spain
- Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)
Todas ellas ratifican la voluntad común de contribuir a la reconstrucción de la economía española y de los medios de subsistencia de la población tras la crisis sin precedentes provocada por la pandemia. Asimismo, también han puesto en valor la aportación de la industria al desarrollo y progreso social y económico del país. En la carta se apunta que, tomando en consideración los datos del Observatorio de la Publicidad en España 2020, el sector generó un volumen de negocio de 18.700 millones de euros de inversión en medios en 2018, lo que representa el 1,3% del PIB español y el 3,5% del volumen de todo el sector de servicios del país.
Además, las entidades firmantes subrayan el efecto impulsor que produce la publicidad en la aceleración de la economía. Según cifras de Deloitte, esta actividad es producida en nuestro país por más de 40.000 empresas, con más de 100.000 personas empleadas en el sector.
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Una solicitud de moratoria
Del mismo modo, el documento destaca el papel de la publicidad como vía de financiación para medios de comunicación, y la escena de la cultura y el entretenimiento español. Concretamente, las asociaciones apuntan que en España la publicidad supone el 75% y el 40% de los ingresos de la radio y la televisión respectivamente, lo que desemboca en un beneficio para los consumidores de los medios de comunicación y de los servicios de Internet gratuito. En este sentido, y haciendo hincapié en la existencia de un sistema de autorregulación como es Autocontrol, consideran que la publicidad puede ser garante de la pluralidad de los medios de comunicación, un aspecto fundamental para las libertades democráticas.
Lidia Sanz, Directora General de la AEA, es consciente de la necesidad de informar a los gobiernos de la importancia del mercado y de la implicación del sector en materia de autorregulación. “Desde la AEA siempre hemos propugnado la autorregulación como el mejor sistema para avanzar y tenemos para ello uno de los mecanismos más reconocidos”, nos ha explicado. Considera que la publicidad está al lado del consumidor, especialmente en estas circunstancias, apoyando y ocupando un espacio de responsabilidad. “Por todo esto creemos que es vital esta concienciación por parte de la Administración”.
"Sería prudente que el marco regulatorio español fuera comparable al de otros Estados miembro de la UE"
De esta forma, las asociaciones solicitan “que se considere una moratoria sobre las nuevas restricciones a la publicidad para asegurar que se evalúa plenamente el impacto general y de consecuencias no deseadas de cualquier nueva norma”. Concretamente, aluden a la reforma iniciada por la Comisión Europea con el lanzamiento de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercado Digital. “Sería prudente que el marco regulatorio español fuera comparable al de otros Estados miembros de la UE, para no quedar rezagados en términos de competitividad en el mercado global”, explica en la carta.
El documento fue remitido el pasado 4 de febrero a Carmen Calvo, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; a Nadia Calviño, ministra para los Asuntos Económicos y
Transformación Digital
; y a Alberto Garzón, ministro de Consumo. Con copia a sus Secretarios de Estado, Directores de Gabinete y Directores Generales, con quienes se espera “poder mantener un diálogo cercano con vistas a evolucionar positivamente en este objetivo”.