La Comisión Europea (CE) ha planteado la imposición de multas de hasta el 10% de sus ingresos a las grandes empresas tecnológicas, con el fin de evitar su supuesto abuso dominante. En este planteamiento, también las obligará a eliminar todo el contenido ilegal de sus páginas web y plataformas, aunque provenga de terceros.

Estas nuevas normativas se han presentado en el borrador de las nuevas leyes de servicios y de mercados digitales, que actualizarán la normativa de comercio electrónico del año 2000 y buscan otorgar el "mismo nivel de protección online que fuera de línea", según ha explicado Ursula von der Leyen, la Presidenta de la Comisión Europea, en LinkedIn.

"Es 2020. Ya no hay un mundo digital por un lado y un mundo real por el otro. (...) Los ciudadanos necesitan información confiable, servicios y bienes seguros, mercados digitales libres y justos: estamos estableciendo las reglas para la Década Digital de Europa", ha añadido la Presidenta de la Comisión Europea, al dar a conocer las normativas.

Nuevas normativas

La nueva ley de servicios digitales obligará a tecnológicas como Facebook, Twitter o TikTok a eliminar el contenido ilegal de sus páginas web -aunque provenga de terceros- y también les exigirá más transparencia en el funcionamiento de los algoritmos que controlan la información que ven los usuarios.

Por su parte, la ley de mercados digitales, con el fin de evitar posibles monopolios, obligará las grandes tecnológicas a notificar a la Comisión Europea la compra de otra empresa para que esta analice “si la adquisión es para hacer algo prohibido”. El objetivo es  disminuir el poder de estas compañías, impidiéndoles usar datos de sus clientes comerciales para mejorar su competencia.

Asimismo, estas nuevas normativas también contemplan que las tecnológicas se vean obligadas a contar con un representante legal en Europa con el que se puedan poner en contacto las autoridades pertinentes.

Demanda de Estados Unidos y posibles multas en Reino Unido

Estas nuevas normativas siguen la línea de las multas a las que también las grandes tecnológicas se podrían enfrentar en Reino Unido por difundir contenido dañino. Las autoridades inglesas están planteando imponer multas de hasta 18 millones de libras esterlinas o el 10% de la facturación global anual de una empresa, en estos casos.

Además, en Estados Unidos, 46 estados y la Comisión Federal de Comercio se unieron la semana pasada para presentar demandas contra la empresa de Mark Zuckerberg por "monopolio". El objetivo era que redujese el alcance de su compañía y se desprendiese de activos como WhatsApp e Instagram, plataformas que ha adquirido en los últimos años.

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Otras multas de la Comisión Europea a tecnológicas

No sería la primera vez que la Comisión Europea impone una multa a una tecnológica, ni que las investiga. Por ejemplo, en 2019, la CE sancionó a Google con 1.490 millones de euros por abusar de su dominio en los anuncios de búsqueda en línea, y era la tercera vez que lo hacía, sumando un total de 8.200 millones de euros en multas.

Ese mismo año también se conoció que esta institución europea estaba investigando a Google y a Facebook por el uso de sus datos y por si la criptomoneda que Mark Zuckerberg pretendía lanzar excluía a competidores.

Finalmente, cabe destacar que en julio de 2020, la Justicia Europea anuló una de las mayores multas que la Comisión Europea había impuesto a una tecnológica: 13.000 millones de euros a Apple. La CE había dictaminado que esa cantidad debía ser devuelta a la República de Irlanda, tras haberse beneficiado de un acuerdo fiscal que Bruselas consideró ilegal. Sin embargo, aún se desconoce cuál será la sentencia final, porque la Comisión Europea ha recurrido la sentencia.

Un paso más para la DSA

Aún pendiente de negociarse con la Comisión y el Consejo, que representa a los Estados miembros, el Parlamento Europeo fijó el pasado 20 de enero posición en torno a la Ley de Servicios Digitales. Así, se han acordado unas medidas enfocadas, entre otras cosas, a poner freno al contenido ilícito, responsabilizar a las plataformas de sus algoritmos y mejorar la moderación de contenidos. 

“Las plataformas digitales son cada vez más importantes en nuestra vida diaria, nos ofrecen nuevas oportunidades, pero también riesgos. Es nuestra obligación garantizar que lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual”, ha señalado la eurodiputada Christel Schaldemose, en un comunicado. “Tenemos que asegurarnos de que las reglas benefician a los consumidores y los ciudadanos”.

Entre las medidas principales, se establece un mecanismo de “notificación y acción” para la retirada de productos, servicios o contenidos ilegales de las plataformas digitales. Según explican desde el Parlamento, “los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán actuar al recibir tales notificaciones sin demora indebida, teniendo en cuenta el tipo de contenido ilegal que se está notificando y la urgencia de adoptar medidas”. También se han incluido unas salvaguardias más estrictas para garantizar que las notificaciones se tramiten de forma no arbitraria y no discriminatoria y respetando los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.

En lo que respecta a poner coto a la desinformación, la Ley de Servicios Digitales contempla obligaciones específicas para las plataformas de gran tamaño en relación a los contenidos nocivos. Incluirá varias disposiciones: evaluaciones de riesgos obligatorias, medidas de mitigación de riesgos, auditorías independientes y transparencia de los denominados “sistemas de recomendación” (algoritmos que determinan lo que ven los usuarios). Además, las plataformas en línea de muy gran tamaño deberán proporcionar al menos un sistema de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles. 

Asimismo, el Parlamento introdujo varias modificaciones a la propuesta. Atendiendo a la publicidad personalizada, denegar el consentimiento no deberá ser más difícil ni llevar más tiempo que concederlo. En caso de rechazar dar el consentimiento o retirarlo, las plataformas deberán ofrecer otras opciones de acceso, incluida la posibilidad de anuncios sin rastreo. 

Además, quedarán prohibidas las técnicas de focalización o amplificación a partir de los datos personales de menores con el fin de mostrar publicidad, y tampoco se podrá hacer publicidad personalizada sobre la base de categorías especiales de datos que permiten dirigirse a grupos vulnerables. También quedará prohibido que las plataformas digitales engañen o condicionen a los usuarios para influir en su comportamiento a través de “patrones oscuros”. 

El Parlamento también ha propuesto que los usuarios puedan reclamar daños y perjuicios cuando las plataformas no hayan respetado sus obligaciones de diligencia debida. También se contempla una nueva disposición sobre el derecho a usar y pagar por servicios digitales de manera anónima.

• Más info.: Digital Services Act
• Más info.: Digital Markets Act