Desde que el Gobierno diera a conocer el anteproyecto de la conocida como Ley de Teletrabajo, o Ley de Trabajo a Distancia, a finales del pasado mes de junio, las opiniones que se han podido leer y observar al respecto han sido dispares. Y así ha quedado patente en la primera ronda de contactos en en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones de esta modalidad laboral.

La patronal rechaza el anteproyecto elaborado por Trabajo, entre otras cosas, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en régimen de teletrabajo. Este parece ser el eje central de una batalla que se prolongará más allá de este verano.

Tanto los empresarios como los sindicatos han criticado la unilateralidad del documento en el que han estado trabajando Yolanda Díaz y su equipo. De esta forma, han acordado enviar alegaciones al gabinete de la ministra que, según el Ejecutivo, servirán para reformular el texto recogiendo las demandas de los agentes sociales.

La patronal asegura que el anteproyecto es desequilibrado, de enfoque errático y está apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores. Asimismo considera que, lejos de fomentar la utilización de esta forma de trabajo con garantías, podría resultar en el desincentivo de su implantación en España y ralentizar su consolidación. “CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social, orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores implicados en la vida económica y social del país”, comentaban desde la CEOE tras la reunión mantenida este miércoles.

En lo que sí parece haber consenso es en el hecho de que la empresa deberá asumir ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las compañías. A pesar de todo, la norma no detalla la forma en la que deberán cuantificarse dichos costes ni la manera de compensarlos, sino que invita a fijarlos en el marco de la negociación colectiva.

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Las propuestas de empresarios y sindicatos

Los sindicatos CCOO y UGT reclaman que el teletrabajo sea de carácter voluntario, así como que las empresas aporten los medios necesarios para que los profesionales puedan trabajar desde casa. Además, señalan que se deben compensar económicamente los gastos derivados del trabajo a las personas que teletrabajan y atender cuestiones como el derecho a la desconexión o el respeto a la jornada laboral; y proponen crear medidas específicas para la prevención de riesgos laborales, así como garantizar la seguridad y salud laboral de los teletrabajadores.

Gonzalo Pino, Secretario de Política Sindical de UGT, apuntaba que esta modalidad de trabajo no debe estar vinculada exclusivamente a la conciliación, pues podría convertirse en una herramienta de discriminación laboral. "Desde UGT hemos defendido que la norma contemple esta organización del trabajo como un derecho en una ley que sirva de paraguas a la negociación colectiva", ha resaltado.

Por su parte, la CEOE reclama al Gobierno que se mantengan los parámetros de flexibilidad si no se quiere retraer la contratación en el futuro, vinculada a las disfunciones que pueda generar el trabajo a distancia.

Ambas partes han criticado que Trabajo elaborara el anteproyecto de ley sin convocar a los agentes sociales antes de someterlo a consulta pública y han hecho hincapié en la necesidad de impedir que el teletrabajo se convierta en una nueva forma de explotación laboral.