El final de la producción y venta de los coches convencionales, aquellos que utilizan solo combustibles fósiles como el diésel o la gasolina viene siendo anunciado por marcas e instituciones desde hace tiempo. Marcas como Volkswagen o Volvo y Gobiernos como el español han puesto fecha de caducidad a los motores de combustión, confirmando así la transición eléctrica en la que está inmersa la industria automovilística, que ahora tiene un nuevo deadline continental, puesto que la Unión Europea acaba de anunciar que prohibirá las ventas de nuevos coches diésel, gasolina, pero también híbridos, desde 2035.

Esta medida está incluida en un plan ambicioso denominado "Fit for 55" y que, como su nombre indica, busca reducir un 55% las emisiones contaminantes en Europa en 2030 respecto a los niveles que se registraban en 1990. En cuanto a la restricción que afecta a la automoción, es un plazo intermedio entre las propuestas que hasta el momento se han puesto sobre la mesa y que dibujan, en el escenario más ambicioso, el fin de los coches convencionales para 2030, y aquellos que ponen 2040 como plazo para dejar de venderlos. Esto no quiere decir que los consumidores que aún tengan un vehículo gasolina o diésel no vayan a poder conducirlo, lo que no podrán es comprarlo nuevo. Aunque con toda seguridad tendrán su movilidad restringida en el centro de las grandes ciudades y otros entornos en los que ya se aplican prohibiciones en episodios de contaminación o durante todo el año, en los contextos más restrictivos.

Uno de los puntos a destacar del anuncio hecho por la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen es que contempla en la restricción a los coches híbridos, es decir, aquellos que combinan un motor de combustión gasolina o diésel con baterías o propulsores eléctricos, y que a día de hoy representan las ventas más importantes dentro de los considerados como automóviles electrificados, véase, todos los que tienen algún sistema eléctrico. ¿Qué significa esto en la práctica? Que solo se podrán comprar coches 100% eléctricos o de combustibles como el hidrógeno, por lo que en los concesionarios y otros canales de venta nada más estarán disponibles vehículos considerados como cero emisiones.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión, junto a otras actuaciones medioambientales, tras considerar que las restricciones y limitaciones que se han puesto hasta el momento a los coches de combustión no han funcionado según lo esperado. Así, esta medida se incluye dentro del citado plan "Fit for 55" que tiene como objetivo la reducción de un 55% de las emisiones contaminantes de aquí a 2030 y como fin último conseguir la neutralidad climática en 2050. Actualmente, desde Europa ya están activas políticas como las actualizaciones de las normativas de emisiones para reducir cada vez más el límite de gramos por kilómetro de media que emite cada coche y que actualmente está en 95, una frontera que ha obligado a la mayoría de las marcas a rediseñar y cambiar sus gamas para cumplir con el mismo y evitar multas.

Dentro de la hoja de ruta de la Unión Europea se han fijado hitos intermedios en la descarbonización del transporte como son la reducción paulatina de las emisiones que ahora se endurece con una rebaja del 55% para 2030 frente al 37,5% que estaba en vigor. Y en esta estrategia no solo están incluidos los turismos, sino también las furgonetas, un tipo de vehículo cuyo uso se ha multiplicado en los últimos años por el auge del e-commerce y que, por sus características técnicas, tienden a generar más emisiones contaminantes. Por el momento, estos cambios legislativos no afectan al transporte pesado por carretera que protagonizan los camiones y que suponen otro aporte importante a la huella de carbono de la movilidad, pero donde las tecnologías alternativas son más difíciles de aplicar, por lo menos aquellas 100% eléctricas en la concepción con baterías, no así el hidrógeno o incluso el gas, que se plantean como las soluciones para aliviar el impacto de estos segmentos.

Dentro de la planificación comunitaria también se incluye a partir de 2026 la imposición para el transporte por carretera de un nuevo régimen de comercio de emisiones, lo que supone introducir una tasa al CO2 de los carburantes que afectará, sobre todo, a los vehículos más antiguos. En el lado de las propuestas, Europa ha presentado además una legislación para acelerar el despliegue de la red de carga de coches eléctricos y que todavía sigue siendo deficitaria, incluso para el actual parque móvil de vehículos cero emisiones, aún exiguo en el Viejo Continente. Las nuevas normas al respecto obligan a los países europeos a instalar puntos de recarga en las principales arterias cada 60 kilómetros en el caso de los eléctricos y exigirán hacer lo propio cada 150 kilómetros para los coches de hidrógeno, de los que apenas hay unidades circulando por la escasez de infraestructura: apenas hay seis estaciones de repostaje de este combustible en toda España (y no todas son de uso público).

Fin a las ventajas fiscales para los combustibles fósiles

Los planes para el fin de las ventas de los coches de combustión en la Unión Europea están incluidos en el denominado programa "Fit for 55" que tiene como objetivo reducir las emisiones un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990.  En total, son 12 medidas entre las que también se incluyen actuaciones para prevenir la denominada fugar de CO2, es decir que las empresas más contaminantes puedan desplazar producción fuera de la Unión Europea para cumplir con los límites europeos. Así, Bruselas propone monitorizar estos movimientos y gravar en las fronteras comunitarias aquellos productos hechos fuera cuya fabricación genera más CO2 del permitido.

Otro de los grandes puntos a tener en cuenta en este European Green Deal son las energías renovables. Así, del actual objetivo del 32% para este tipo de fuentes, la UE pasará a exigir cerca del 40% en 2030, el doble de la media que actualmente tienen en el mix energético de los principales países europeos.

A todo esto hay que sumarle, como hemos esbozado, una nueva fiscalidad para los combustibles fósiles, independientemente de su uso. La tarifa mínima más alta para el gasóleo y la gasolina será de 10,75 euros por gigajulio cuando se usen como combustibl ede motor y de 0,9 euros cuando se destinen a la calefacción, mientras que la más baja será para la electricidad, con 0,15 euros de gravamen independientemente de su uso, misma cantidad de carga fiscal que recibirán los biocombustibles o los combustibles renovables de origen no biológico como el hidrógeno renovable.

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Con estas medidas, Bruselas pretende abordar lo que considera como los efectos nocivos de la competencia fiscal sobre la energía, dotando de herramientas a los Estados miembro para obtener “ingresos de impuestos ecológicos menos perjudiciales para el crecimiento de las tasas sobre el trabajo”, ha explicado el Ejecutivo comunitario, cuyo objetivo es eliminar las exenciones e incentivos obsoletos que aún imperan sobre el uso de combustibles fósiles en determinados contextos como el transporte aéreo o marítimo y que, a juicio de la institución, contribuyen a la fragmentación del mercado único.