Francia aprobó la semana pasada un proyecto de ley que busca acotar el desarrollo y crecimiento de la moda rápida. La cámara baja del parlamento dio el visto bueno a una serie de medidas planteadas para reducir tanto el consumo de los productos de fast-fashion como minimizar el impacto del modelo de negocio en el medio ambiente. El texto apunta directamente a marcas asiáticas, como Shein o Temu, lo que ha sido interpretado por ciertos agentes de la industria de la moda como una iniciativa más proteccionista que orientada a generar un cambio verdaderamente real en los sistemas de producción y distribución.
El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado, pero los legisladores franceses destacan su carácter pionero, puesto que hace de Francia el primer país del mundo que "legisla para limitar los excesos de la moda ultrarrápida", tal y como afirmó Christophe Bechu, Ministro francés de Transición Ecológica.
El proyecto de ley propone una tasa de cinco euros por producto a partir del año que viene
Entre las principales medidas que contempla el texto destaca la aplicación de un cargo económico, y con finalidad ambiental, a los artículos de moda de bajo coste. Así, se pretende incluir una tasa de 5 euros a partir del próximo año y que aumentará a los 10 euros para el año 2030. El cargo, no obstante, no podrá exceder el 50% del precio de un artículo; y lo recaudado con él se utilizarían para apoyar a productores de ropa sostenible, con la intención de facilitar la competencia.
Además, se contempla la prohibición de la publicidad para esos artículos baratos y que los fabricantes cumplan la obligación de informar a los consumidores sobre el impacto medioambiental de sus productos.
Según se señala en la propuesta, el volumen de ropa producida y la velocidad de facturación de las nuevas colecciones constituirán algunos de los criterios para determinar qué constituye moda rápida y qué marcas son susceptibles de ubicarse bajo el ámbito de esta denominación y, por tanto, de la posible ley.
¿Protección de la economía o del medioambiente?
Los legisladores franceses han mencionado, como referencia, el caso de Shein y su producción intensiva de moda. A lo largo de los últimos años esta y otras marcas, como Temu, han ganado terreno entre los consumidores del país, lo que ha puesto en dificultades a muchas marcas locales, algunas de las cuales han llegado incluso a declararse en quiebra.
La moda es un sector clave en la economía francesa, especialmente en lo que se refiere al segmento de alta gama, con marcas tan destacadas como Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Dior o Cartier a la cabeza. Sin embargo, el segmento de gama media o baja ha visto recortada su participación en el mercado ante el avance de otras marcas europeas, como H&M o Zara; y el crecimiento de las opciones low cost asiáticas.
Es por ello que algunos agentes del sector consideran que las medidas del proyecto de ley están más orientadas a la protección de las marcas de moda francesas que a buscar un verdadero cambio en las preferencias de los usuarios y, por tanto, a generar un impacto significativo en el medioambiente.
Así lo ha expresado, por ejemplo, el responsable de sostenibilidad y eficiencia energética de H&M, Peter Ford, a través de LinkedIn. "Si bien las disposiciones relativas a la publicidad suenan muy bien (y será un experimento interesante para ver cuánto impacto tiene la publicidad en los hábitos de compra), gran parte de este proyecto de ley parece más proteccionista para las marcas francesas que cualquier esfuerzo real para afectar al impacto ambiental global de la moda", ha comentado. “Además, seguramente las únicas personas que sufrirán serán aquellas para quienes el impuesto de 5 dólares sobre la ropa es más alto que el costo de la ropa en sí”.
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Tal y como informa El País, el texto aprobado sigue otras iniciativas del gobierno francés para plantar cara al avance de la moda rápida. Así, el año pasado creó un fondo de 154 millones de euros para incentivar la reparación de ropa y calzado, brindando entre 10 y 15 euros a quienes quisieran reparar prendas. También se han convertido en uno de los primeros países en aplicar las nuevas normativas europeas de circularidad, de tal forma que desde enero de 2023, los fabricantes están obligados a detallar las características ambientales de los envases y productos que ofertan, en informes han de renovar cada cinco años.