Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. 

El gobierno italiano ha presentado un proyecto de ley por el que pretende limitar el uso de extranjerismos en la Administración Pública y en las empresas privadas. La presentación de la propuesta ha sido ampliamente recogida en los medios de comunicación, que se han referido a ella en términos genéricos como una prohibición más o menos generalizada del uso de anglicismos, lo que el texto en realidad no contempla, y han hecho hincapié en las sanciones previstas, cuya cuantía oscila entre los 5.000 y los 100.000 euros.

La parte del proyecto que se refiere al uso de extranjerismos dice que "está prohibido el uso de palabras extranjeras para indicar actividades comerciales, productos típicos, especialidades y áreas geográficas de denominación italiana. La República promueve por todos los medios la protección de las denominaciones italianas en el extranjero”.

En lo que respecta a la empresa privada, se obliga a la redacción en idioma italiano tanto de los contratos de trabajo como de “los reglamentos internos de las sociedades que operan en el territorio nacional". Asimismo, y este es el aspecto que más se ha destacado en algunas informaciones para hablar de prohibición de los anglicismos, uno de los artículos del proyecto de ley señala que "Las siglas y los nombres de las funciones cubiertas en las empresas que operan en el territorio nacional están en italiano. Se permite el uso de siglas y nombres en un idioma extranjero en ausencia de un equivalente en italiano”.

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Cabe interpretar que este artículo trata de evitar el uso, tan generalizado en el ámbito corporativo, de términos como CEO (siglas de chief executive officer) para designar al consejero delegado de una compañía o de la palabra manager, tan habitual para nombrar a los titulares de todo tipo de responsabilidades y áreas en las empresas. 

La libertad de las empresas

Este artículo ha sido criticado porque se considera una intromisión en la libertad de las empresas, que deben poder denominar como deseen los cargos internos. En el mismo sentido, se han puesto inconvenientes al artículo que afirma: "Para cada evento, conferencia y reunión pública organizada en Italia, es obligatorio el uso de herramientas de traducción e interpretación, también por escrito, que garanticen una perfecta comprensión en italiano de los contenidos del evento".

La obligación se entendería justificada si la conferencia o evento está organizada por la Administración o alguna entidad pública, pero no parece lógica que se extienda a empresas privadas, pues eso coartaría su libertad de expresión.