El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las noticias falsas mediante el cual monitorizará la información y contempla solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

La orden se ha publicado este jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado bajo la firma del ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo. El documento indica que la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en debates públicos, así como en procesos electorales y, por tanto, busca esta supone uno de los pilares que sustentan una sociedad democrática.

Desde el Ejecutivo señalan que el plan tiene como finalidad dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea e implementar a nivel nacional las políticas y estrategias promulgadas en el ámbito de la lucha contra la desinformación. Para ello, se ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, además, el sector privado y la sociedad civil. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los ministerios también participarán en el plan.

En este sentido, Las riendas las llevarán Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. Pero, además, el procedimiento incluye al sector privado y la sociedad civil. En cuanto a los medios de comunicación, podrá ser requerida su colaboración para combatir las fake news cuando se considere “oportuna y relevante”, con acciones como la identificación y no contribución a su difusión.

Cuatro niveles de actuación

El Gobierno ha diseñado cuatro niveles de activación que pretenden detectar las campañas de desinformación, analizar sus posibles impactos en la Seguridad Nacional o gestionar situaciones de crisis derivada de dichas campañas de fake news:

• Primer nivel: permite actuar a nivel técnico para detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia. Se contempla la monitorización de la información, así como la investigación de su origen y propósito.
• Segundo nivel: convocatoria y la evaluación de la alerta por parte de la comisión y se activará, si procede, una célula de Coordinación contra la desinformación por parte del director del Departamento de Seguridad Nacional. Se decidirá si se realiza una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación
• Tercer nivel: gestión estratégica y política de los distintos aspectos de la crisis, así como adopción de medidas atendiendo al marco para la respuesta conjunta, determinada por el Comité de Situación
• Cuarto nivel: gestión política de la respuesta a una crisis y adopción de medidas en el caso de la atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación.

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¿Un riesgo para los derechos fundamentales?

A pesar de que desde Moncloa han insistido en que el plan “en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”, tanto opositores políticos como asociaciones y colectivos de profesionales de los medios de comunicación aseguran que esta iniciativa supone un importante riesgo para los derechos fundamentales y las garantías de los periodistas.

En esta línea, la Asociación de Medios de Información (AMI) ha mostrado su “profunda preocupación”. Consideran que el procedimiento podría resultar, en la práctica, en una vulneración del espíritu del artículo 20 de la Constitución, que establece el “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Según apuntan desde AMI, establecer niveles de activación que podrían llegar a la “toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional”, como indica la publicación en el Boletín Oficial del Estado, podría conllevar la asunción de facultades que solo corresponden al poder judicial. Además, la asociación aclara que “en ningún momento” ha sido informada de la puesta en marcha de este procedimiento y subraya que “la defensa de los derechos fundamentales debe producirse tal y como fueron concebidos en la Carta Magna”.

Por su parte, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha señalado que el Presidente del Gobierno “saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación. Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano ministerio de la Verdad. Pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa”.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Comunicación remarca en el escrito que el plan “pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, así como fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático”.

Actualización 9 de noviembre

La Comisión Europea ha avalado el protocolo del Gobierno para luchar contra la desinformación. "El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”, ha asegurado Johannes Bahrke, portavoz del organismo.

Desde Bruselas señalan que el plan provee los instrumentos y los actores que garantizan la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos por el Plan de Acción de la Unión Europea contra la Desinformación de 2018 y se limita a establecer mecanismos de coordinación y a actualizar el sistema nacional ya existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de noticias falsas.

El plan europeo estableció un Sistema de Alerta Rápida que detecta, en tiempo real, campañas de desinformación cuyo objetivo sea desestabilizar a la comunidad o a sus Estados miembros. En este sentido, cada país debía designar un punto de contacto para compartir las alertas con las autoridades nacionales de los otros socios europeos y garantizar la coordinación con la Comisión Europea y con el Servicio europeo de Acción Exterior.

De esta forma, la Unión Europea buscaba facilitar la compartición de datos y valoraciones, así como coordinar la identificación del origen de las campañas de desinformación y la respuesta que se da. Siguiendo este argumento, Bahrke considera que “cualquier aproximación en el área de la desinformación debe dar seguridad jurídica, respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión” y no hay “ninguna razón para pensar que no fuera el caso en la orden española”.

Tanto opositores políticos como asociaciones de profesionales se han mostrado contrarios a la reforma, lo que ha llevado a la Comisión Europea a estudiar la propuesta del Ejecutivo para asegurarse de que iba en la buena dirección y cumplía con los criterios establecidos. Otros estados miembro, como Alemania o Francia también cuentan con sus propios protocolos contra la desinformación, pero en estos casos el organismo a los mandos del proceso es independiente.