El Gobierno sigue avanzado en el Plan de Acción por la Democracia y ha aprobado ayer en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Con ello se busca actualizar la vigente ley y adaptar el citado derecho a la realidad de la comunicación y las nuevas tecnologías, y permitir la corrección pública de noticias falsas y bulos. 

Con este movimiento el Gobierno amplia el alcance del derecho a la rectificación, de tal forma que no sólo aplicará a los medios de comunicación, sino también a los medios de comunicación social, incluyendo los digitales, y a los usuarios de especial relevancia de plataformas online, es decir, a los influencers y creadores de contenido.

El ejecutivo apunta que, a efectos de este anteproyecto de ley, se consideran como tales aquellos usuarios que cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma, o 200.000 de forma acumulada en varias.

Además, según lo aprobado por el Consejo de Ministros, los medios y plataformas que alberguen a estos usuarios de especial relevancia deberán establecer mecanismos accesibles para facilitar dicho derecho a la rectificación a los solicitantes, sean o no usuarios de la plataforma en cuestión. Asimismo, deberán avisar cuando una noticia sea rectificada y enlazarla a la original. 

“Se trata de aquellos usuarios que difunden informaciones y otros contenidos a través de estas plataformas y que, por razón del número de seguidores con los que cuentan, gozan de un alcance y repercusión equiparables al de los medios de comunicación tradicionales, configurándose como auténticos conformadores de la comunicación y de la opinión pública; y que, por ello, deben estar sometidos a la posibilidad de que sus contenidos sean rectificados”, ha apuntado Félix Bolaños, Ministro de Presidencia, al presentar el proyecto, según recoge El País. 

Por otro lado, el anteproyecto modifica el propio derecho de rectificación que data de 1984, y suprime el requisito de dirigirse al director del medio para solicitar la rectificación de una información. No obstante, mantiene que la difusión de la rectificación debe ser gratuita, íntegra y hacerse con una relevancia semejante a la de la publicación original.

La propuesta del Consejo de Ministros también incluye modificaciones en cuando a las personas legitimadas para solicitar la rectificación. Según explican desde Moncloa, se refuerza los derechos de las personas con discapacidad y amplia los sujetos cuyos familiares hayan fallecido y les afecte una información. También amplía el plazo para solicitar la rectificación, pasando de los siete a diez días.

Las medidas presentadas se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia, cuyo objetivo es promover, como apuntan desde el Ejecutivo, una mayor calidad del debate público, reforzar el derecho a la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz.

Lo aprobado actualiza la ley del derecho de rectificación, vigente desde hace 40 años y que sólo aplicaba a los medios de comunicación tradicionales. El Gobierno ha considerado que se encontraba obsoleto ante los cambios sociales y culturales acaecidos, y la transformación de la forma de consumir y distribuir información.