Tras los recientes acontecimientos ocurridos en el Capitolio, que han traído consigo la suspensión de la cuenta personal de Donald Trump en Twitter, la migración de sus simpatizantes a redes sociales alternativas como Parler y la eliminación de esta última de los servidores de Amazon y las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, nos preguntamos: ¿Hasta qué punto una empresa que se ha convertido en estandarte esencial para la libertad de expresión de la población, con millones de usuarios, puede aplicar sus políticas de uso sin que la ley general entre en juego?

Donald Trump, que ostentaba el puesto de la sexta persona en el mundo con más seguidores en Twitter, ha visto cómo primero se eliminaban algunos de sus tuits por “violaciones graves y repetidas de la política de integridad cívica” y, posteriormente, la red de Jack Dorsey procedía a suspender su cuenta personal de manera permanente por “incitar al odio”.

Así lo ha interpretado Twitter a raíz de este mensaje en el que Trump pedía a los manifestantes del Capitolio que “volvieran a casa”, pero a su vez reiterando que le habían robado las Elecciones y que el 6 de enero sería un día para el recuerdo.

Aunque la cronología de la relación entre Twitter y Donald Trump lleva un tiempo fraguándose de manera turbulenta, la suspensión definitiva de la cuenta de una figura pública como el político americano ha elevado el debate hacia el prisma ético. ¿Hasta qué punto las políticas de uso de una empresa privada interfieren con los derechos individuales, como el de la libertad de expresión?

La naturaleza privada “ambigua” de Twitter

“Cuando uno hace una fiesta en su casa, puede invitar y expulsar a quien quiera. Cuando esta fiesta es pública, la cosa cambia. El derecho de admisión sigue existiendo, pero siempre que se respeten los derechos individuales. Lo que pasa con las redes sociales es que la fiesta tiene una dimensión mundial, pero sigue siendo privada”, nos explica de manera metafórica Pepo Jiménez, Periodista especializado en Innovación Social en Innuba.

Pero, ¿cómo podría adaptarse Twitter a la legislación de más de 100 países distintos si, además, el entorno digital no entiende de fronteras?

“El problema con las redes sociales viene dado por la ambigüedad de su naturaleza”, señala Diego S. Garrocho Salcedo, Profesor de Ética de la UAM, Vicedecano de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y Presidente del Consejo Académico de Ethosfera. Y es que plataformas como Twitter nacen en esencia como un espacio para dinamizar contenido, no como los medios de comunicación en los que terminan convirtiéndose y a los que se identifica como responsables de los mensajes que en ellos se publican.

Twitter acapara un nivel de concentración mediática que “el legislador siempre ha tendido a limitar”, destaca Garrocho. Entonces, a pesar de ser una entidad privada, en la que se firma una especie de “contrato de adhesión” entre el usuario y la plataforma al aceptar las políticas de uso, si su alcance tiene un peso tan relevante en la opinión pública, ¿está censurando cuando suspende la cuenta de Trump?

“Legalmente, si una de las partes ha vulnerado las políticas de uso, Twitter tiene derecho a eliminar esa cuenta”, nos responde José María Baños, CEO & Founder de Let’s Law. Por lo que el debate se trasladaría en este caso a un campo más ético que legal al tratarse de una empresa privada a efectos de la ley.

¿Por qué Trump sí y otros no?

Por otro lado, hay posturas poniendo sobre la mesa que, a pesar de tener ese derecho de libertad empresarial, Twitter no ha actuado de manera igualitaria.

“Si Twitter, o cualquiera de las otras plataformas, hubiera decidido cancelar todas las cuentas que llamasen a la violencia, la decisión sería igualitaria. Pero ha ocurrido lo contrario”, declara el abogado Ricardo Ruiz de la Serna, quien señala en este contexto las peticiones para cerrar la cuenta de Alí Jamenei -líder supremo de la República Islámica de Irán- por sus mensajes de “incitación al odio” que han acabado en la eliminación de algunos tuits el mismo día en el que se suspendía la cuenta @realDonaldTrump. “Twitter tendría que justificar el rasero que aplica para interpretar sus propias normas”, sentencia.

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No obstante, en este debate se insiste en el carácter privado de la red social. “El dueño de la plataforma la gestiona de la manera que estima conveniente, siempre y cuando no cause perjuicio a un tercero”, nos explica Alejandro Touriño, Socio Director de ECIJA. Y añade que el cierre de la cuenta de Donald Trump “no coarta la libertad de expresión de la persona, porque existen otros muchos sitios donde puede hablar”.

Aunque el hecho de que Facebook se haya sumado al “cierre”, así como el rechazo del propio Trump a pronunciarse ante los medios por considerar que manipulan su mensaje, ha provocado que el Presidente saliente de Estados Unidos “se mude” a Parler, la red social que se presenta como un espacio libre de censura.

La cuestión es que el “exilio social” de Donald Trump ha llevado a que Google, Amazon y Apple veten a Parler, siguiendo los pasos de unas políticas de uso que son propias de Twitter. Tal y como ha denunciado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su cuenta Twitter, “las bigtech no pueden convertirse en policías globales del pensamiento”.

De momento, en el enfrentamiento entre las políticas de uso privadas y derechos como la libertad de expresión, ganan las primeras. Abierta queda la puerta de un posible doble rasero que se podría estar aplicando por parte de plataformas como Twitter, en las que la libertad empresarial es avalada por el derecho internacional.