Airbnb es todo amor para Barcelona. Amor y respeto, una campaña que la plataforma de alquiler de viviendas lanzaba para reconciliarse con la ciudad tras muchas idas y venidas para frenar sus servicios.

Y quizás muy pronto la marca tenga que mostrar el mismo cariño por la capital de España. El Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Ayuntamiento de Madrid ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y AM, y en contra PP y Ciudadanos.

La propuesta establece que todos los pisos que se alquilan para turistas deben contar con un acceso independiente a la calle. Los turistas no podrán utilizar las puertas de entrada ni los ascensores comunes a la vivienda. Además, aquellos que alquilen sus casas por un período superior a 90 días deben disponer de una licencia de uso terciario u hospedaje al considerar que se está desarrollando una actividad comercial.

Se calcula que la medida afectará al 95% de las viviendas de uso turístico del distrito centro. El doble objetivo del plan es, por un lado, preservar el uso residencial del centro urbano, frenando la conversión de viviendas del centro en alojamientos turísticos. Además, quieren que la actividad de hospedaje se extienda a otras zonas de la ciudad, redistribuyendo la actividad económica.

El Plan Especial de Hospedaje afecta a tres zonas de Madrid: distrito centro; barrios de Chamberí, Chamartin y Retiro; y por último La Latina, Moncloa, Aravaca y Usera.

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Una ola de recursos

Ante esta situación, las plataformas de viviendas turísticas, incluyendo Airbnb, consideran que “el Consistorio sometería a la industria a una doble regulación que pude ser contradictoria”.

Además han anunciado que habrá demandas tanto a nivel individual como colectivo. “Esta situación creará inseguridad legal e indefensión en los anfitriones, huéspedes, empresas y trabajadores en este sector”.

La medida es polémica tanto para unos como para otros. Y en ese contexto nace la plataforma Madridparatodos: vecinos y vecinas de Madrid que buscan la gestión sostenible del éxito turístico de la ciudad. Argumentan que la medida es desproporcionada y deja sin voz a miles de familias. “Convierte a Madrid en la ciudad que no quiere ser”.