Madrid está decidida a echar a Airbnb del centro de la ciudad. Planea limitar el alquiler de pisos turísticos sin licencia a 90 días. La medida no sólo afecta a Airbnb sino a todas las plataformas de economía colaborativa dedicadas a esta actividad.
Limitaciones a los alquileres turísticos
La Junta de Gobierno municipal ha aprobado este jueves un plan especial sobre viviendas turísticas. Recoge que los inmuebles del centro de la capital que se alquilen durante más de 90 días al año deberán solicitar una licencia de uso terciario, de hospedaje, porque en ellas se realiza una "actividad comercial”.
Además el plan obliga a los alojamientos turísticos que compartan edificio con viviendas de uso residencial a tener un acceso independiente.
La medida no entrará en vigor hasta su aprobación en el Pleno, previsiblemente a finales de año o inicios del que viene, y pretende "garantizar que no se expulse de los barrios del centro a sus residentes habituales" así como frenar "la actividad turística masificada", según han explicado desde la corporación de gobierno municipal. Quedan fuera de estas medidas las viviendas utilizadas como residencia permanente que se alquilen un máximo de 3 meses al año. En este caso, el Gobierno de Manuela Carmena entiende que se trata de un modo de "economía colaborativa" que no constituye una actividad empresarial.
Más medidas para regular Airbnb
Además, a partir de octubre el Ayuntamiento de Madrid prevé aplicar la normativa estatal que afecta a plataformas digitales de alquiler turístico como Airbnb, HomeAway o Wimdu. Se trata de una medida de Hacienda que pretende acabar con el fraude fiscal en este tipo de alquileres turísticos a los que la plataforma no aplica IVA actualmente.
Para ello, la nueva normativa pretende identificar a los usuarios de estas plataformas para poder reclamarles el pago de tributos. Como consecuencia, las plataformas que ofertan alquileres de pisos turísticos en Madrid, entre ellas Airbnb, estarán obligadas a identificar a cesionarios y cedentes, detallar la vivienda alquilada y el importe del subarrendo.
De esta manera, Airbnb, HomeAway o Windu ya no podrán ejercer como simples intermediarios entre demandantes y ofertantes de alquileres, sino que deberán velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus usuarios ofreciendo información detallada sobre su actividad. También será obligatorio acreditar la propiedad de la vivienda subarrendada para poder identificar al propietario así como informar del período del alquiler vacacional para evitar casos de subarrendo de vivienda habitual enmascarados como alquileres de pisos turísticos.
Desde Reason Why nos hemos puesto en contacto con Airbnb y otras plataformas de alquileres turísticos sin obtener, de momento, ninguna respuesta.
Seguiremos informando...
Actualización 27/07/2018
En declaraciones a Reason Why, desde HomeAway aseguran que “la prohibición no es la solución”. La compañía considera que las medidas planteadas por el Ayuntamiento de Madrid “van en contra de la naturaleza residencial de la vivienda vacacional y condenan a la ilegalidad a la práctica totalidad de la oferta”.
HomeAway considera que se exigen condiciones de “imposible cumplimiento” como que las viviendas tengan acceso independiente sin que afecte a las zonas comunes de la finca. Califican las medidas de “injustificadas y desproporcionadas” y aseguran que “empobrecerán el turismo y la economía de la ciudad y restringirán la oferta y la competencia en beneficio único de los alojamientos turísticos tradicionales”. HomeAway tacha este tipo de planes de actuación de “decisiones políticas ideológicas que no responden al interés general”.
Además instan a las instituciones a encontrar una solución a los problemas del alquiler vacacional en colaboración con los representantes del sector.
