Transparencia, independencia, pluralismo y protección. Eso es lo que persigue el Plan de Acción por la Democracia que presentó ayer el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados y que recoge una serie de medidas para el poder ejecutivo, el poder legislativo y los medios de comunicación con el objetivo de proteger y fortalecer el sistema democrático.
Se trata, tal y como informan desde Moncloa, de la puesta en marcha en nuestro país de las medidas adoptadas en Europa como parte del Plan de Acción por la Democracia de la Unión Europea, que se comenzó a elaborar en 2020; y de la Agenda Estratégica 2024-2029 adoptada por los Consejos Europeos celebrados los pasados 17 y 27 de junio. Ésta persigue tres grandes metas: una Europa libre y democrática; fuerte y segura; y próspera y competitiva.
Las propuestas buscan combatir la desinformación y garantizar el derecho a la información veraz
La propuesta en el ámbito de los medios de comunicación, al igual que las directivas europeas, buscan luchar, entre otras cosas, contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos de odio; así como garantizar el derecho a la información veraz recogido en el artículo 20 de la Constitución Española. "No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. Esa labor le corresponde al ciudadano", ha comentado el Presidente, según trasladan desde Moncloa. "Pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa".
En este sentido, se desarrollarán en nuestro país medidas contempladas en el nuevo Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado en el mes de marzo. A este respecto, se propone limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, "para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes", tal y como ha señalado Sánchez. El resultado de esto será la actualización la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace 20 años.
Además, se contempla la fijación de nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad y la medición de audiencias de los medios privados. "Los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia", ha comentado el Presidente.
Asimismo, según informan desde Moncloa, el plan incluye medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios, para evitar presiones del ámbito político; así como para asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales. También se trabajarán mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios.
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Sánchez ya adelantó este Plan de Acción a finales del pasado mes de abril, cuando tomó un periodo de reflexión de cinco días para decidir su continuación como Presidente del Gobierno tras lo que consideró graves ataques a su esposa, Begoña Gómez, investigada por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias, y que señaló que procedía de lo que denominó “pesudomedios” que consitutían "la máquina del fango".
Como parte del plan, Sánchez también ha una ayuda de 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la digitalización de los medios de comunicación. La intención es que estos recursos se destinen a la creación de bases de datos, desarrollo de herramientas para la calidad informativa y el refuerzo de la ciberseguridad. También ha adelantado la intención de reforzar los derechos al honor y a la rectificación, que se materializará en la presentación de una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en relación a la libertad de expresión.
Se propondrá una nueva Ley de Administración Pública Abierta
Otras medidas
Pedro Sánchez también ha anunciado medidas en otros campos. En el terreno ejecutivo ha apuntado a la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y la presentación a los grupos de una nueva Ley de Administración Pública Abierta, con vistas a ampliar la cantidad y calidad de información gubernamental.
En el ámbito legislativo, el líder del Ejecutivo considera necesario endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa o incompleta. También propone la obligatoriedad de los debates electorales y de la incorporación los microdatos y metodología de estimación de resultados en las encuestas electorales publicadas.
Para todo ello Pedro Sánchez ha anunciado que llevará a cabo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios a lo largo de los próximos días para proponerles el plan y ha llamado a las fuerzas políticas a alcanzar "un acuerdo transversal".
