23 de julio de 2021. Esa es la fecha acordada para el encendido del pebetero en el Estadio Olímpico de Tokio. Tras ser pospuesta un año el pasado mes de marzo a causa de la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, la duda en torno a la celebración de los XXXII Juegos Olímpicos vuelve a sobrevolar la competición deportiva internacional.

Y es que la evolución de la pandemia en Japón no parece favorable. A comienzos del mes de enero, el país anfitrión declaraba el estado de emergencia en la capital nipona y su periferia durante un periodo de un mes por un nuevo pico en el número de contagios. El país asiático atraviesa una tercera ola de coronavirus y es precisamente la zona metropolitana de Tokio, donde residen aproximadamente 37 millones de personas, la que concentra la mayor parte de nuevos casos registrados a nivel nacional.

A pesar de la llegada de la vacuna, la compleja situación sanitaria en Japón y en muchos de los países participantes en los juegos hace que la sombra de la cancelación se cierna de nuevo sobre la competición. Es más, Taro Kono, ministro de Administración y Reforma de Japón, ha comentado recientemente que, aunque es necesario hacer lo máximo posible para preparar las Olimpiadas, puede pasar cualquier cosa. Además, ha solicitado al Comité Olímpico Internacional que piense en distintos planes alternativos, ya que la situación no es fácil.

No obstante, tanto los miembros del COI como los organizadores locales aseguran que posponer de nuevo la celebración no es una opción. Así lo han asegurado en las últimas semanas Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, y Toshiro Muto, Chief Executive del comité organizador de Tokio 2020. En este sentido, y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos serían cancelados si no pudieran llevarse a cabo según lo previsto este verano, y saltarían directamente a celebrarse en París en 2024 y posteriormente en Los Ángeles en 2028.

Según Kevan Gosper, ex Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, esta situación de incertidumbre podría ser resuelta en las Naciones Unidas, podrían ser el lugar para decidir el destino de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio. Alega que la situación trasciende lo meramente deportivo o la casuística nipona, sino que se trata de una circunstancia global que potencialmente involucra a cientos de representantes de más de 205 naciones.

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Lo cierto es que más de 15.000 atletas olímpicos y paralímpicos llegarían a tierras japonesas, junto con miles de oficiales, jueces, miembros de comitivas y profesionales de los medios de comunicación. Aún no está claro si se permitirá la entrada de espectadores extranjeros -se ha instituido una prohibición de viaje para todos los visitantes internacionales hasta el 7 de febrero, pero podría extenderse-, o si los propios ciudadanos del país podrán asistir a los eventos. El próximo 25 de marzo está previsto el comienzo del relevo de la antorcha, y podría resultar una fecha clave y límite para decidir el futuro de los Juegos Olímpicos.

La incógnita de la vacuna

Con todo, tanto el COI como la organización local mantienen la esperanza y entienden que la celebración de los juegos será un ejercicio de solidaridad, reflejo de la unidad de la humanidad y de su diversidad y resiliencia. Sin embargo, el proceso de vacunación avanza a ritmos diferentes en las distintas regiones del mundo y Japón no planea comenzar a vacunar a sus ciudadanos hasta finales de febrero.

La vacuna tampoco forma parte del protocolo de seguridad de la organización. La organización supone que gran parte de los atletas y miembros de las comitivas no la habrán recibido de cara al 23 de julio y considera que exigir la vacunación es poco realista. Como no podía ser de otra forma, mascarillas, distancia de seguridad y gel hidroalcohólico serán obligatorias, pero se están estudiando otras medidas como los controles de temperatura y la gestión de seguimiento.

Por lo tanto, la competición podría realizarse sin vacunación masiva. "Nuestras medidas contra el coronavirus funcionan bajo el supuesto de que no tendremos una vacuna, por lo que incluso si no la tenemos, nuestro plan es que seremos capaces de realizar los Juegos”, según ha explicado Masa Takaya, portavoz de Tokio 2020, a la BBC, subrayando que el protocolo se ha diseñado investigando muchos otros eventos deportivos que ya han tenido lugar en el país en los últimos seis o siete meses.

La organización no está dispuesta a que los juegos se desarrollen a puerta cerrada. "Queremos ver a tantos espectadores como sea posible dentro de las sedes, por lo que hemos estado trabajando estrechamente con el gobierno japonés y todas las partes interesadas internacionales, encabezados por el COI”.

Los atletas podrían estar sujetos a múltiples pruebas y sus movimientos podrían ser limitados. También es posible que tengan que abandonar la Villa Olímpica tan pronto como terminen de competir y sus contactos y asociaciones podría estar sujetas a restricciones. Por su parte, los periodistas podrían estar sujetos al rastreo de ubicación y tener prohibido viajar a cualquier lugar de Tokio que no sea hacia y desde sus hoteles, sedes olímpicas y los principales centros de medios.

Un coste económico con la población en contra

A la desfavorable situación sanitaria, se suma la pesimista opinión de la población japonesa. Según una encuesta realizada recientemente por Kyodo News, el 80% de los ciudadanos nipones creen que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio deberían cancelarse (35,3%) o reprogramarse (44,8%). No obstante, la falta de apoyo público no es algo nuevo para Tokio 2020. Desde el principio, el escaso apoyo se consideró una barrera para la oferta original de Tokio en 2013, y las encuestas mostraron menos entusiasmo que en otras ciudades candidatas. Incluso entonces, las encuestas mostraron que solo el 47% de los habitantes de Tokio lo apoyaban, mientras que una encuesta de julio de 2020 encontró una tasa de apoyo del 24%.

Además del desencanto respecto a la gestión de la pandemia por parte del ejecutivo de Yoshihide Suga, las voces críticas se apoyan en el creciente gasto que ocasiona la competición para las arcas del país. En su propuesta inicial, Japón proponía un presupuesto compacto, cuya cuantía total se elevaba a los 7.300 millones de dólares, una cifra muy inferior a la de Londres 2012, situada en los 15.000 millones de dólares.

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Sin embargo, a raíz de los retrasos, el Comité Organizador de Tokio ahora calcula que el desembolso asciende a los 15.400 millones, con 900 millones dedicados solo a las medidas preventivas contra el Covid-19. En cambio, otras estimaciones aseguran que el gasto  real total es mucho mayor. En 2018, la Junta de Auditoría del Gobierno indicaba que el coste proyectado estaba más cerca de los 26.000 millones, aunque los organizadores de Tokio 2020 sostenían que ese número incluía costes externos que no forman parte de su presupuesto.

Con el objetivo de mantener la confianza de los patrocinadores, el gobierno de Tokio ha lanzado un programa de marketing dirigido especialmente a empresas de alta tecnología y fintech alegando que los juegos son una oportunidad para mostrar sus productos. Los planes para la competición incluyen desde el uso de autobuses de pila de combustible para transportar espectadores -suponiendo que los haya-, medallas fabricadas a partir de material tecnológico reciclado, hasta medidas para hacer que la ciudad sea neutral en carbono.

El esfuerzo ha conseguido que los 68 patrocinadores nacionales acuerden mantener sus contratos y aportar 210 millones de dólares adicionales en tarifas de patrocinio. Entre las marcas se encuentran las dos aerolíneas más grandes del país y otras empresas relacionadas con los viajes que se vieron gravemente afectadas por la pandemia.

Aún así, la organización planea reducir costes ante la más que plausible posibilidad de que no haya espectadores en los eventos deportivos o de haberlos, el número se vea drásticamente reducido. Esto comprometería los más de 900 millones de dólares en ingresos por recaudación de entradas, así como los gastos satelitales generados en reservas hoteleras, turismo u hostelería. Además, la cancelación de la competición supondría también un duro golpe para el COI pues pondría en la cuerda floja los más de 3.200 millones de dólares en acuerdos de retransmisión con las televisiones.

Ante la fuerte carga financiera y social que implican los Juegos Olímpicos para las ciudades, algunos expertos señalan que una competición sin audiencia presencial podría marcar un nuevo camino para las Olimpiadas, más en la línea de los modelos híbridos que han podido disfrutarse durante los últimos meses. Si finalmente el pebetero del Estado Olímpico de Tokio ve encenderse la llama el próximo 23 de julio, lo hará en un país ahogado económicamente, cauteloso y fatigado por el virus, cuya sociedad parece estar dispuesta a abandonar el sueño olímpico.