El Consejo Mexicano de Publicidad Móvil convocó una protesta para exigir al gobierno de Miguel Ángel Mancera espacios de diálogo y negociación en un momento en el que las empresas dedicadas a la publicidad sobre automóviles han sido víctimas de constantes detenciones.

Pero precisamente el diálogo ha sido lo que ha faltado durante el pasado 25 de mayo cuando la Policía impedía a los publicistas comenzar con su protesta haciendo uso de la violencia e impidiendo el derecho constitucional a la libre manifestación.

El problema radica, según Sa­lo­món Al­ca­lá, pre­si­den­te del Con­se­jo Me­xi­ca­no de Pu­bli­ci­dad Mó­vil, en que la nueva Ley de Movilidad tiene demasiados vacíos legales en cuanto a la publicidad que se lleva en los vehículos. Esto ha dado píe a las Fuerzas de Seguridad mexicanas para llevar a cabo detenciones que algunos han catalogado de “arbitrarias y carentes de fundamento”.

De momento, a fecha del 25 de mayo, el número de conductores detenidos y vehículos requisados ya ha llegado a los 200. Además, según alertan los afectados, las autoridades del INVEA y Semovi “han estipulado multas es­tra­tos­fé­ri­cas de hasta 40.000 pe­sos por uni­dad pa­ra po­der re­ti­rar­las del depósito”. Una cantidad de la que no disponen muchos de ellos, según han asegurado.

En esta ocasión la movilización fue violentamente reprimida por la Secretaría de Seguridad Pública que en un primer momento prometió a los manifestantes permitirles realizar la protesta con la condición de llevarse seis vehículos particulares al depósito municipal. Sin embargo, después de hacerlo, no permitieron a los publicistas continuar con su manifestación.

Por su parte, un total de 70 granaderos fueron los que trataron de evitar que los cerca de 50 automóviles con publicidad llegaran a la plaza del Zócalo. Todo ello bajo la premisa de que "dificultarían el tráfico en la zona".

Según los propietarios de los vehículos publicitarios fueron “agredidos y estafados por los cuerpos de seguridad”. Pese a ello, amenazaron con continuar con las movilizaciones hasta que obtengan una respuesta por parte de las autoridades del transporte de la ciudad de México.