El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dictaminado que General Motors deberá pagar 795 millones de euros (900 millones de dólares) de multa por un defecto en sus coches que provocó 124 muertes.
El problema consistía en un defecto del sistema de arranque de los automóviles. Sin embargo la compañía no es sancionada sólo por este problema: la justicia considera que lo grave fue ocultar este hecho que causó más de un centenar de muertes.
Una situación similar a la que afectó a Toyota, que por ocultar a las autoridades estadounidenses un defecto relacionado con la aceleración involuntaria en su modelo híbrido Prius, tuvo que pagar una multa de 1.200 millones de dólares el año pasado.
No obstante, GM no escurre el bulto. El fabricante admite los errores cometidos en el proceso, que se detectaron en una revisión masiva cuyo coste fue de 4.100 millones de dólares y que afectó a 2,6 millones de vehículos.
Por eso su CEO, Mary Barra, asumió el puesto de consejera delegada dos semanas antes de que estallara el escándalo, y declaró que asistirían a todos aquellos afectados y a los familiares de los fallecidos sin ningún tipo de límite financiero.
“La gente ha resultado herida y ha muerto en nuestros coches”, afirmó en su comparecencia del pasado martes.
¿Dónde está el fallo?
Para la Justicia estadounidense el hecho más grave es que General Motors no haya notificado el error con anterioridad. Y es que el fabricante tardó más de una década en emitir la orden de revisión de los vehículos afectados.
Los coches vendidos entre 2003 y 2007 seguían en circulación por las carreteras de EEUU, con el peligro de que se apagaran viajando a gran velocidad o por suelos irregulares, lo que podía provocar la desactivación de la dirección asistida, los airbags y otros elementos de seguridad. Los modelos afectados son los Saturn Ion y Sky, los Chevrolet Cobalt y HHR y los Pontiac G5 y Solstice.
Por eso la demócrata Diana DeGette condenó la decisión de no hacer las revisiones con anterioridad: “la compañía continuó vendiendo coches a sabiendas de que no eran seguros. Tenemos que llegar al fondo de esto”.
En este sentido la legislación federal obliga a todos los fabricantes de coches que operan en el país a comunicar lo antes posible cualquier defecto técnico que se detecte. Los legisladores señalaron que GM eligió no reemplazar un componente que hubiera costado 57 centavos por coche. “Si esa es la razón por la que la decisión fue tomada así, no es aceptable”, dictaminó DeGette.
La cultura de la incompetencia
Después de cuatro meses de investigación sobre el suceso, la multinacional hizo público el resultado del informe cuyo lenguaje es muy crítico: existe un “patrón de incompetencia y negligencia”.
Por eso General Motors ha despedido a 15 empleados que eran los responsables directos de las revisiones.
No obstante, y pese al escándalo, el volumen de negocio del fabricante automóvil no se ha visto afectado: las ventas han ascendido un 13% en mayo de este año, lo que ha supuesto la mejor cifra desde agosto de 2008.
Por su parte, los inversores están atentos al coste que toda esta situación pueda tener, porque hay denuncias valoradas en 1.700 millones de dólares y ya se han realizado una treintena de llamadas correspondientes a 14 millones de vehículos, de las que 2,6 millones están relacionadas al problema de arranque.
