La cantidad de datos que guardamos en nuestros teléfonos móviles es un suculento manjar para cualquier marca, empresa o institución. De ahí que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya cerrado un pacto con las tres principales operadoras de España (Movistar, Vodafone y Orange) para realizar un estudio sobre movilidad empleando información anónima.

El estudio de movilidad del INE 

Durante cuatro días laborables de noviembre, un domingo y tres días de vacaciones, el INE seguirá los movimientos de los terminales en España. Tendrá acceso a información relacionada con los desplazamientos habituales de la población y sobre los destinos de vacaciones dentro del territorio nacional. Todo con el objetivo de saber dónde se deben prestar los servicios públicos y reforzar las infraestructuras y conexiones de transporte público.

El proyecto ha sido posible gracias a un acuerdo pionero en Europa con las operadoras de telefonía móvil que enviarán al INE las posiciones de los terminales, pero en ningún caso, la información sobre los titulares de las líneas. De esta manera, se garantiza que los datos sean anónimos.

La operación empezará en tres semanas y estará en marcha desde los cuatro días laborables comprendidos entre el 18 y el 21 de noviembre. Se tomará la posición de los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar de residencia, mientras entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde se examinarán los flujos de personas para conocer dónde trabajan o estudian.

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Con esta información se podrá conocer cuántos ciudadanos se mueven de un municipio dormitorio a una ciudad, qué número de personas trabaja en el mismo barrio donde vive o en uno distinto, de dónde viene la gente que trabaja en una zona, etc.

El estudio supondrá una estadística esencial para los Ayuntamientos y Gobiernos regionales a la hora de determinar las líneas de transporte, mejorar las infraestructuras o reclamar más fondos públicos. 

Además de esta primera parte, el INE rastreará los desplazamientos en dos días del verano —20 de julio y 15 de agosto—, el 25 de diciembre y un domingo de noviembre, el 24. Esta información servirá para conocer los desplazamientos para reunirse con la familia en Navidad o los traslados de fin de semana y veraneo.

¿Una medida controvertida?

Es la primera vez que se realiza un estudio de este tipo en Europa. Solo Holanda ha hecho algo parecido, pero con un solo operador, menos población y una menor profundidad de datos.

En cuanto a la legalidad de esta práctica, el INE mantiene que, al manejarse información anónima, no entraña problemas de incumplimiento de la ley de protección de datos.

Sin embargo, en un momento en el que la privacidad online ha saltado a la palestra por escándalos como el de Facebook con Cambridge Analytica, la medida ha generado polémica. De hecho, en el momento de publicar esta noticia, el tema era Trending Topic en Twitter. Algunos usuarios han publicado comentarios reticentes sobre la idea del INE, mientras que otros han recordado que algunas compañías privadas ya tienen acceso a cantidad de información personal sobre sus clientes. 

Sobre ello y en declaraciones a ReasonWhy, Sergio Maldonado, CEO de PrivacyCloud, opina que "a pesar de que se supone que los datos a los que accederá el INE son anónimos y agregados", asegura que "al cruzar diferentes variables de espacio, tiempo y ubicación es posible identificar al 95% de los usuarios, con lo que se podría perder ese anonimato". De ahí que este experto afirme que la cesión de datos "podría vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), dado que las operadoras están transfiriéndolos a terceros sin el consentimiento explícito del usuario. Desde luego que lo que propone el INE es totalmente legítimo porque atiende al interés público, pero para que las operadoras pudieran ceder esta información siguiendo las directrices de la normativa de protección de datos, deberían contar con el consentimiento previo de sus clientes".

La cesión de datos al INE podría vulnerar la RGPD - Sergio Maldonado

Termina asegurando que este caso supondrá "una prueba interesante para que los usuarios hagan valer sus derechos. El panorama actual será clave para las administraciones públicas en la gestión de valiosas fuentes de datos. De esta forma, tanto el cumplimiento de requisitos de información como la elaboración de una base legal para su tratamiento (teniendo en cuenta la validez del consentimiento), serán fundamentales de cara al futuro".