Podemos quiere que el reparto de publicidad institucional en los medios no dependa de su audiencia

  • La propuesta tiene el objetivo de “fomentar la pluralidad informativa y proteger la información veraz”
  • El partido pone sobre la mesa la veracidad de los medidores de audiencia actuales
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Unidas Podemos ha remitido al ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes una Proposición de Ley para reformar la Publicidad y Comunicación Institucional. El objetivo del partido es que el reparto de la publicidad institucional entre los distintos medios de comunicación no dependa de sus cifras de audiencia. Con ello, Podemos inicia el trámite legislativo que permita llevar la Proposición de Ley al Congreso de los Diputados.

La iniciativa, propuesta en un primer término por la Plataforma de Medios Independientes -un colectivo de medios independientes que incluye a Público, Ara o La Marea-, plantea la "ineficacia" del actual sistema de reparto de la publicidad institucional entre los distintos medios, puesto que es la audiencia el dato determinante para llevar a cabo dicho reparto.

"Esto perjudica gravemente a los medios independientes y a las pequeñas y medianas empresas así cómo se demuestra como un criterio poco fiable, dado que muchos medios estarían utilizando métodos de agregación de audiencias que distorsionarían los datos obtenidos", sostienen desde Unidas Podemos.

“El dinero público no puede depender de los criterios de audiencia de unos medidores cuestionables”

Sofía Fernández Castañón, Portavoz Adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, ha asegurado que la propuesta tiene el objetivo de "fomentar la pluralidad informativa y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, contrastada, respetuosa con la igualdad de género y con el periodismo de calidad".

"No puede ser que los criterios de audiencia, con unos medidores más que cuestionables, sean los que estén determinando a qué cabeceras informativas va el dinero público en publicidad institucional", ha añadido Fernández Castañón.

En este contexto, el grupo propone que, para el reparto de los fondos destinados a publicidad institucional deban tenerse en cuenta aspectos como:

  • Las medidas adoptadas por los medios para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
  • La protección de determinados colectivos vulnerables
  • El nivel de transparencia de la información corporativa y de los datos de los medidores de audiencia
  • El cumplimiento de las obligaciones deontológicas y profesionales del sector

"Los criterios de igualdad, de empleo decente, pluralidad y diversidad deben ser de referencia, porque los medios tienen una responsabilidad social y es justo reconocer a quienes contribuyen en coherencia a tener una sociedad más igualitaria, más justa y más orgullosa de su diversidad en todos los ámbitos", ha defendido la portavoz adjunta.

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El texto en vigor de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que data de 2005 y que esta propuesta quiere modificar, apela a los principios de “eficacia, transparencia, austeridad y eficiencia” para la inversión de dinero público. En su artículo 8 se indica que “los contratos vinculados a las campañas reguladas por esta Ley se adjudicarán atendiendo siempre a criterios objetivos tales como el coste económico y la eficacia prevista del plan de medios”.

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