Esta noticia ha aparecido en el Informativo de Reason Why:
¿Puede Google decidir el nivel de veracidad de una noticia a la hora de incluirla en su buscador? ¿Debe la empresa tecnológica adoptar un papel regulador a la hora de combatir las Fake News?
Hace sólo unas horas conocíamos la resolución de la Comisión Europea renunciando a la aprobación de leyes que regulen estas noticias, a pesar de su reciente influencia en procesos electorales. Con esta decisión han dejado todo en manos de “programas educativos y autorregulación de las propias redes sociales”. En este contexto surge un nuevo giro de tuerca relacionado con el Derecho al Olvido.
Derecho al Olvido selectivo
El Derecho al Olvido fue aprobado en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con esta sentencia se reconocía a todo ciudadano el derecho a solicitar a un buscador que elimine el contenido y los enlaces a información personal no pertinente, aunque esta sea cierta y pública.
Según la Agencia Española de Protección de Datos “incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público”.
Y así surge un nuevo problema: ¿hasta dónde llega ese derecho? ¿Puede eliminarse una noticia que sea, parcial o totalmente, fake news? ¿Y quién decide si lo son?
El papel del buscador vs. los Medios de Comunicación
Pongamos como ejemplo una investigación policial. Se establece una acusación, se desarrolla una investigación, y se resuelve al acusado como inocente. Los medios de comunicación se hacen eco del proceso, y aparecen en los buscadores de información como Google. ¿Debe esa información desaparecer de la red si el acusado ha sido absuelto? Y lo que es aún más complicado, ¿es el papel del buscador eliminar esos enlaces de los medios que en su momento ofrecieron una información relevante?
Para intentar responder a todas estas preguntas el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por Google para fijar una doctrina sobre el Derecho al olvido. La clave es decidir si ese Derecho al Olvido también incluye la valoración de la exactitud de los hechos que se quieren borrar.
Esto se debe a que los particulares afectados por este tipo de noticias no están acudiendo a los medios de comunicación que lanzaron la información. No están pidiendo que se incluya la información sobre la resolución para mostrar la imagen completa sobre el proceso judicial. Sino que están acudiendo a los motores de búsqueda. Lo importante no es qué se dijo, ni quién, ni cómo. Lo importante es que la gente pueda encontrarlo. Porque si no está en Google, no existe.
¿Y qué dice Google?
Desde que se aprobó el Derecho al Olvido en 2014, Google ha recibido más de 650.000 peticiones para retirar más de 2,4 millones de direcciones en Europa. De todas estas ha cancelado alrededor de un millón.
En España ha registrado más de 64.000 peticiones, y ha atendido alrededor del 38%. Google explica que no siempre retira las páginas, y que para tomar una decisión tan completa tiene en cuenta diversos factores (si es un perfil público, hace cuánto sucedió, si la información procede de documentos oficiales, o si hay una sentencia absolutoria, entre otros).
En este marco Google defiende que si una noticia es rigurosa debe mantenerse. Y que no se puede construir un pasado a medida.
¿Todo esto qué significa?
Ahora todo depende de lo que diga el Tribunal Supremo.
Google sabe que determinar la veracidad de cada noticia que indexa en su buscador es una tarea titánica y compleja. Por ese motivo quiere que se establezca una doctrina que determine, de forma teórica, unos parámetros en los que la compañía tecnológica se mueva con comodidad dentro de la legalidad. Pero, dependiendo del fallo del Tribunal Supremo, quizás Google tenga que empezar a valorar la veracidad de las noticias (sí son Fake News, o no, o hasta qué punto) a la hora de decidir si debe eliminar un enlace.
