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Las Fake News se han convertido en un problema social. Se propagan a través de redes sociales y son capaces de saltar los filtros de verificación de los propios medios de comunicación para llegar a interferir en procesos electorales como el Brexit o las elecciones de Estados Unidos en las que salió elegido presidente Donald Trump.
¿Qué se está haciendo para combatir las Fake News?
Por una parte los medios de comunicación están poniendo en marcha programas educativos para ayudar a los lectores a saber detectar las noticias falsas. Es el caso de la BBC. Por otra, tribunales como el Supremo español estudian cómo hacer frente al derecho al olvido con informaciones que se han demostrado falsas y finalmente los propios gobiernos también están tomando cartas en el asunto.
Alemania, por ejemplo, aprobó multar a Facebook cuando actúe como plataforma de difusión de noticias falsas. Y justo en uno de los peores momentos para la red social de Mark Zuckerberg, con el escándalo de Cambridge Analytica poniendo en entredicho su modelo de negocio, es cuando la Comisión Europea renuncia a aprobar leyes que combatan las Fake News y protejan los procesos electorales en los 28 países miembros.
Eso después de haber marcado la batalla contra las Fake News como una de sus principales prioridades de la agenda europea en 2018 llegando a destinar más de un millón de euros este año contra la propaganda exterior. Especialmente tras haber señalado abiertamente a Moscú como el responsable de la injerencia en las campañas electorales del Brexit, las elecciones en Alemania o el proceso independentista en Cataluña.
La decisión de la Comisión Europea
La Comisión ha optado por dejar en manos de “programas educativos y de la autorregulación de las propias redes sociales” el trabajo de frenar la propagación de noticias falsas. La Comisaria Europea de Agenda Digital, Mariya Gabriel, tiene de plazo hasta el 25 de abril para presentar una propuesta contra las noticias engañosas, pero ya se sabe que esa propuesta no va a incluir leyes europeas, sino más bien códigos de buenas prácticas.
Y eso, entre otros motivos, por la dificultad que implicaría conseguir el consenso y la unanimidad necesarios para sacar adelante leyes de este tipo en Europa. El proceso para aprobar normativas europeas es largo y tedioso: requiere la propuesta de la Comisión y la aprobación tanto del Parlamento como del Consejo Europeos formados por representantes de los Gobiernos de los 28 Estados miembro, todos ellos dotados con capacidad de enmienda e incluso de veto. Esta circunstancia hace que gane puntos la opción más sencilla: que cada país, por separado, apruebe sus propias leyes.
Se siguen escuchando voces críticas
Los argumentos de la Comisión Europea no han acallado a las voces críticas que siguen presionando por legislar contra las Fake News. Diversos eurodiputados las consideran una amenaza real a los valores democráticos europeos. Es el caso del eurodiputado español del Partido Popular, Esteban González Pons, que asegura que necesitamos una normativa europea para ganar la batalla a las noticias falsas: “Ningún país podrá luchar contra este problema en solitario”. También reclaman medidas los propios usuarios. Según una encuesta que ha realizado la Comisión Europea entre 26.000 personas, el 83% asegura que las noticias falsas son un peligro para la democracia. Además, el propio equipo de expertos de la Comisaria Europea emitió un informe el mes pasado en el que admiten la enorme gravedad del problema de la desinformación, “que puede suponer una amenaza a los procesos políticos democráticos”.
¿A quién le interesa que no se legisle contra las Fake News?
La Comisión Europea consulta con organizaciones y expertos en cada materia antes de elaborar sus propuestas legislativas. Y este puede ser uno de los motivos por los que el organismo haya decidido no incluir propuestas de ley dentro de su plan de medidas contra las Fake News.
Existen grupos de poder que están en contra de este tipo de leyes. Por una parte están los altos funcionarios de países alejados del núcleo central de la UE y por otro el lobby de las propias empresas tecnológicas interesados en evitar a toda costa más controles sobre su modelo de negocio. Por último, está el miedo dentro del equipo europeo de Agenda Digital de convertirse en una especie de “ministerio de la verdad” con autoridad para decidir qué informaciones son reales y cuáles no a través de una ley.
Eso mientras crece el euroescepticismo con apenas un año de margen para las próximas elecciones europeas y el riesgo asomando en el horizonte de que el nuevo Parlamento que salga de las urnas sea tan dispar que esté incapacitado para aprobar ley alguna en la próxima legislatura de 5 años.
